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Cantabria

Revilla pide un reparto acorde al coste de los servicios públicos para el fondo adicional anunciado por Sánchez

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El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, considera "positivo pero insuficiente" el fondo adicional no reembolsable de 16.000 millones de euros anunciado ayer por Pedro Sánchez y ha reivindicado un reparto basado en la Ley de Financiación Autonómica, acorde al coste real de los servicios públicos y a factores como la orografía o el envejecimiento demográfico.

 

El presidente ha confiado en que la reunión que celebren mañana la ministra de Hacienda y las comunidades autónomas avance en este planteamiento y tenga en cuenta el coste de los servicios públicos y no criterios de población.

Durante su intervención en la octava Conferencia de Presidentes desde la declaración del estado de alarma, celebrada una vez más por videoconferencia, Revilla ha valorado positivamente el fondo, pese a considerarlo insuficiente para atender el "agujero sanitario" que ha supuesto la pandemia y hacer frente al desembolso económico que está realizando Cantabria para afrontar el incremento del gasto sanitario , aumentar la plantilla del Servicio Cántabro de Salud en 450 profesionales y dotarle de medios adecuados.

El jefe del Ejecutivo cántabro también ha trasladado a Pedro Sánchez las propuestas de la Comunidad Autónoma para la fase 1 de la desescalada, en la que espera estar a partir del 11 de mayo dada la buena situación y la "evolución controlada" de la pandemia.

En este sentido, ha destacado que Cantabria cumple los criterios necesarios para avanzar en la desescalada, con una disponibilidad de más de 600 camas hospitalarias, 75 de UCI, y un índice de transmisión en el 0,7. Por ello, ha apuntado la necesidad de "actuar en positivo" e intentar recuperar la actividad económica desde la "responsabilidad" y las medidas de protección adecuadas.

Miguel Ángel Revilla, que se ha felicitado por que se haya atendido ya reivindicaciones cántabras como la autorización para atender huertos familiares o el incremento al 50% de la capacidad de las terrazas para la vuelta a la actividad de los establecimientos hosteleros, ha adelantado que Cantabria pedirá la inclusión en la primera fase de la desescalada de actividades como las obras de rehabilitación de inmuebles, las pruebas para la obtención de títulos y certificaciones, los mercadillos al aire libre y, con cita previa, el trabajo en oficinas, ITV y talleres. Además, ha abogado por la reapertura de los concesionarios de vehículos y los viveros de plantas, con un aforo del 30%.

Por otro lado, en el ámbito del empleo público, Cantabria plantea la incorporación de aquellos puestos que no tienen opción de teletrabajo, la realización de todos los trámites posibles por vía telemática y el funcionamiento con cita previa.

Además, en lo que respecta al deporte no profesional, el presidente ha solicitado que se tengan en cuenta a partir del 11 de mayo actividades como la práctica de la pesca individual en mar o río y el deporte del golf, también con cita previa.

Asimismo, la propuesta cántabra incluye las necesidades de taxis, VTC y autobuses para establecer medidas de protección, de ocupación y de gestión de la demanda.

En la reunión de la Conferencia de Presidentes, Miguel Ángel Revilla ha vuelto a incidir en el "poco papel" que vienen desempeñando las comunidades autónomas y, aunque ha considerado "atendidos" los planteamientos de la Comunidad Autónoma, ha reivindicado una mayor participación de las autonomías en el mando único establecido por el Estado para la toma de decisiones.

También ha insistido en reclamar la liberación del remanente de tesorería de los ayuntamientos, para que contribuyan a "reactivar la economía de sus municipios" con unos fondos que ascienden a 450 millones en el caso de Cantabria y a 10.000 millones de euros en toda España.

Finalmente, el presidente ha reclamado el IVA impagado a las comunidades autónomas en 2018, que en Cantabria supone 45 millones de euros, y el pago de los 22 millones adeudados por las obras de Valdecilla, para lo cual ha vuelto a proponer al presidente del Gobierno que el Estado renuncie a recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que reconoce el derecho de la región a dicha anualidad, que debió ingresarse en las arcas de la autonomía en 2016.