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Economía

Industria propone un plan de choque para las empresas electrointensivas de Cantabria

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El consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria, Javier López Marcano, ha presentado hoy a las empresas electrointensivas de la región un plan de choque con propuestas de acción para el sector a corto, medio y largo plazo en ocho ámbitos: circularidad, eficiencia energética, nuevas tecnologías, mercado, normativa, fiscalidad, financiación y aspectos sociales.

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La publicación del Plan de Liquidación de Sniace abre el plazo de presentación de ofertas por la totalidad de la factoría

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La publicación del Plan de Liquidación de Sniace marca el inicio de la primera fase de venta de la factoría torrelaveguense, un plazo de seis meses en el que se podrán presentar ofertas por la totalidad de las instalaciones. Las ofertas que se presenten deberán acompañarse del depósito del 10% de la cuantía económica ofertada y el aval por el resto de la oferta.

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Los tribunales condenan a Bridgestone a readmitir e indemnizar a dos trabajadores por contratación en fraude de ley

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Bridgestone Puente San Miguel ha sido condenada a readmitir e indemnizar a dos trabajadores a los que, según ha explicado el sindicato BUB, despidió días después de que estos reclamaran ante el ORECLA por contratación en fraude de ley, argumentando que habían firmado "un contrato temporal por una obra concreta en la que nunca participaron", siendo empleados en la "actividad normal" de la factoría.

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Industria apoya un nuevo proyecto de I+D+i de Solvay para la valorización de residuos

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La Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria ha aprobado dentro de la convocatoria de ayudas INNOVA 2020 un proyecto de I+D+i de Solvay Química consistente en el desarrollo de nuevos procesos para la recuperación de productos y valorización de residuos.

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El Ministerio y el Gobierno regional creen que el Plan de Transición Energética de Solvay entrará en los fondos europeos

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El Ministerio de Industria y el Gobierno de Cantabria creen que el Plan de Transición Energética de Solvay, que contempla una inversión de 150 millones de euros, encaja en los requisitos de los fondos europeos de recuperación que marca la Unión Europea. El secretario general de Industria y y PYME, Raúl Blanco, ha destacado "la voluntad y el compromiso máximo" del Ministerio para que salga adelante el proyecto de descarbonización y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cree que "el encaje es de libro".

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Los trabajadores de Sniace convocan una asamblea para repasar la situación del plan de liquidación

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Trascurrido más de medio año desde la última, el comité de empresa de Sniace ha convocado una asamblea el próximo jueves 26 de agosto, a las 18.00 horas, en la portería de báscula, para repasar la información de que disponen sobre el plan de liquidación de la factoría.

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Los consejeros de Sniace creían que los vertidos enjuiciados estaban “amparados” por la Autorización Ambiental

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El ex presidente de Sniace, Blas Mezquita; los seis ex consejeros de la empresa, y el que fuera jefe de operaciones de la compañía; han afirmado hoy que creían que los vertidos contaminantes realizados por la fábrica al Saja-Besaya entre 2008 y 2010 estaban "amparados" por la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y que desde la administración no recibieron ninguna comunicación contraria a ello.

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Bridgestone desarrollará una nueva gama de cubiertas de camión con reducción de peso y prestaciones avanzadas

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La Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria ha concedido sendas ayudas por un total de 217.360 euros a Bridgestone Hispania Manufacturing para dos nuevos proyectos de I+D+i consistentes en el desarrollo de nuevas cubiertas con prestaciones avanzadas.

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Comienza el juicio a los responsables de Sniace por delito medioambiental

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 SniaceFabrica16Este martes, 13 de julio, comienza en la Sala de lo Penal número 2 de Santander el juicio a ocho personas acusadas de delito ambiental por los vertidos de la empresa SNIACE al rio Saja-Besaya entre 2008 y 2010. El juicio se suspendió el pasado mes de febrero por el contacto estrecho de uno de los abogados con un positivo en COVID y se retoma ahora sentando en el banquillo al que fuera jefe de operaciones de la compañía, Francisco González Payno; al presidente de Sniace en las fechas en que se produjeron los vertidos enjuiciados, Blas Mezquita; y a los miembros del Consejo de Administración Jesús Manuel Zaballa, Manuel Huerta, Julio García García, Víctor Manuel Guzman del Pino, Juan Hernández-Canut y Antonio Temes

Según el escrito del ministerio fiscal, la empresa carecía de autorización para realizar vertidos de las aguas derivadas de su proceso industrial al río Saja-Besaya, ya que la Confederación Hidrográfica del Norte le revocó en 2006 la autorización que tenía desde 2002 "por el carácter abusivo de los vertidos que venía realizando".

Por otro lado, la empresa obtuvo en 2008 Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la Consejería de Medio Ambiente para verter las aguas procedentes del proceso industrial a la ría de San Martín a través de un colector de industriales y únicamente las aguas de refrigeración y pluviales o de escorrentía al río Saja-Besaya.

Tal y como mantiene la fiscalía, el colector de industriales no estuvo en funcionamiento y la empresa, "a sabiendas de que carecía autorización administrativa para realizar vertidos de las aguas derivadas del proceso industrial en el río Saja-Besaya, de manera continua y reiterada realizó vertidos de dichas aguas, alterándose por ello la calidad de las mismas, no respetándose los parámetros acordados en la AAI".

"En consecuencia, se vio gravemente afectada la calidad de las aguas del río Besaya", tal y como se desprende de las analíticas realizadas, entre otros, por el Instituto Nacional de Toxicología, ha informado el TSJC

"Los vertidos relatados han perjudicado la calidad de las aguas del río Besaya, generando una situación de riesgo grave para el equilibrio de los sistemas naturales y del ecosistema fluvial en general, generando unas condiciones inidóneas para la vida de los peces por ausencia de oxígeno", señala la fiscalía.

Y añade que los valores de demanda química de oxígeno y de carbono orgánico total que se desprenden de las analíticas "son indicativos de contaminación por materia orgánica".

"Las concentraciones de sólidos en suspensión que el vertido de SNIACE ha provocado –continúa el escrito- influyen en la transparencia del agua, factor decisivo para la claridad y productividad de los ecosistemas, ya que las aguas turbias impiden la penetración de luz", además "crean depósitos sobre las plantas y branquias de los peces, favoreciendo la aparición de condiciones anaerobias y alterando la alimentación de determinadas especies piscícolas".

Por todo ello, la fiscalía acusa al que fuera jefe de operaciones de la compañía, Francisco González Payno como autor material de un delito continuado contra los recursos materiales y el medio ambiente, pues cree que es el responsable de la decisión de realizar los vertidos contaminantes.

También acusa al presidente de la compañía, Blas Mezquita, y al resto del Consejo de Administración -Jesús Manuel Zaballa, Manuel Huerta, Julio García García, Víctor Manuel Guzman del Pino, Juan Hernández-Canut y Antonio Temes- como autores del citado delito, ya que considera que cometieron el ilícito por omisión, al ser conocedores de los hechos y no oponerse o prohibir los mismos.

La pena solicitada para cada uno de ellos asciende a dieciséis meses de prisión, multa de 6.000 euros e inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad relacionada con la emisión de vertidos al medio natural por tiempo de 20 meses.

Además, solicita que todos ellos indemnicen conjunta y solidariamente al Estado en la cantidad que se fije en sentencia o en ejecución de la misma por el perjuicio causado al medio natural.

Además de la fiscalía, están personadas dos acusaciones particulares: Ecologistas en Acción, que se suma a la petición de la fiscalía, y la Abogacía del Estado, que pide para cada uno de los ocho acusados una pena de dos años y seis meses de prisión, multa de 10.200 euros e inhabilitación para ejercer actividad relacionada con vertidos durante dos años.

La indemnización solicitada por la Abogacía del Estado para que abonen de manera conjunta y solidaria los ocho acusados asciende a cincuenta millones de euros.