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Economía

Los consejeros de Sniace creían que los vertidos enjuiciados estaban “amparados” por la Autorización Ambiental

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El ex presidente de Sniace, Blas Mezquita; los seis ex consejeros de la empresa, y el que fuera jefe de operaciones de la compañía; han afirmado hoy que creían que los vertidos contaminantes realizados por la fábrica al Saja-Besaya entre 2008 y 2010 estaban "amparados" por la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y que desde la administración no recibieron ninguna comunicación contraria a ello.

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Comienza el juicio a los responsables de Sniace por delito medioambiental

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 SniaceFabrica16Este martes, 13 de julio, comienza en la Sala de lo Penal número 2 de Santander el juicio a ocho personas acusadas de delito ambiental por los vertidos de la empresa SNIACE al rio Saja-Besaya entre 2008 y 2010. El juicio se suspendió el pasado mes de febrero por el contacto estrecho de uno de los abogados con un positivo en COVID y se retoma ahora sentando en el banquillo al que fuera jefe de operaciones de la compañía, Francisco González Payno; al presidente de Sniace en las fechas en que se produjeron los vertidos enjuiciados, Blas Mezquita; y a los miembros del Consejo de Administración Jesús Manuel Zaballa, Manuel Huerta, Julio García García, Víctor Manuel Guzman del Pino, Juan Hernández-Canut y Antonio Temes

Según el escrito del ministerio fiscal, la empresa carecía de autorización para realizar vertidos de las aguas derivadas de su proceso industrial al río Saja-Besaya, ya que la Confederación Hidrográfica del Norte le revocó en 2006 la autorización que tenía desde 2002 "por el carácter abusivo de los vertidos que venía realizando".

Por otro lado, la empresa obtuvo en 2008 Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la Consejería de Medio Ambiente para verter las aguas procedentes del proceso industrial a la ría de San Martín a través de un colector de industriales y únicamente las aguas de refrigeración y pluviales o de escorrentía al río Saja-Besaya.

Tal y como mantiene la fiscalía, el colector de industriales no estuvo en funcionamiento y la empresa, "a sabiendas de que carecía autorización administrativa para realizar vertidos de las aguas derivadas del proceso industrial en el río Saja-Besaya, de manera continua y reiterada realizó vertidos de dichas aguas, alterándose por ello la calidad de las mismas, no respetándose los parámetros acordados en la AAI".

"En consecuencia, se vio gravemente afectada la calidad de las aguas del río Besaya", tal y como se desprende de las analíticas realizadas, entre otros, por el Instituto Nacional de Toxicología, ha informado el TSJC

"Los vertidos relatados han perjudicado la calidad de las aguas del río Besaya, generando una situación de riesgo grave para el equilibrio de los sistemas naturales y del ecosistema fluvial en general, generando unas condiciones inidóneas para la vida de los peces por ausencia de oxígeno", señala la fiscalía.

Y añade que los valores de demanda química de oxígeno y de carbono orgánico total que se desprenden de las analíticas "son indicativos de contaminación por materia orgánica".

"Las concentraciones de sólidos en suspensión que el vertido de SNIACE ha provocado –continúa el escrito- influyen en la transparencia del agua, factor decisivo para la claridad y productividad de los ecosistemas, ya que las aguas turbias impiden la penetración de luz", además "crean depósitos sobre las plantas y branquias de los peces, favoreciendo la aparición de condiciones anaerobias y alterando la alimentación de determinadas especies piscícolas".

Por todo ello, la fiscalía acusa al que fuera jefe de operaciones de la compañía, Francisco González Payno como autor material de un delito continuado contra los recursos materiales y el medio ambiente, pues cree que es el responsable de la decisión de realizar los vertidos contaminantes.

También acusa al presidente de la compañía, Blas Mezquita, y al resto del Consejo de Administración -Jesús Manuel Zaballa, Manuel Huerta, Julio García García, Víctor Manuel Guzman del Pino, Juan Hernández-Canut y Antonio Temes- como autores del citado delito, ya que considera que cometieron el ilícito por omisión, al ser conocedores de los hechos y no oponerse o prohibir los mismos.

La pena solicitada para cada uno de ellos asciende a dieciséis meses de prisión, multa de 6.000 euros e inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad relacionada con la emisión de vertidos al medio natural por tiempo de 20 meses.

Además, solicita que todos ellos indemnicen conjunta y solidariamente al Estado en la cantidad que se fije en sentencia o en ejecución de la misma por el perjuicio causado al medio natural.

Además de la fiscalía, están personadas dos acusaciones particulares: Ecologistas en Acción, que se suma a la petición de la fiscalía, y la Abogacía del Estado, que pide para cada uno de los ocho acusados una pena de dos años y seis meses de prisión, multa de 10.200 euros e inhabilitación para ejercer actividad relacionada con vertidos durante dos años.

La indemnización solicitada por la Abogacía del Estado para que abonen de manera conjunta y solidaria los ocho acusados asciende a cincuenta millones de euros.

Bridgestone propone crear una nueva escala profesional con diferentes salarios por el mismo trabajo

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Bridgestone ha comenzado la negociación del nuevo convenio colectivo, en el que la multinacional pretende crear una nueva escala profesional que conllevará una múltiple escala salarial, de forma que por un mismo trabajo en la misma fábrica puede haber hasta cinco salarios diferentes.

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Carlos Sánchez anuncia su retirada tras ocho años en los que CCOO ha crecido en afiliación y delegados

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El secretario general de Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO), Carlos Sánchez, ha anunciado hoy en rueda de prensa que no se presentará a la reelección en su cargo y que se retira para jubilarse tras dos mandatos como líder de la organización. Durante la comparecencia ante los medios de comunicación, en los que ha estado acompañado por la secretaria de Organización, Nieves García, Sánchez ha realizado un balance de la gestión de los últimos cuatro años centrándose fundamentalmente en tres aspectos: la representatividad, la legitimidad y la gestión financiera.

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El Sindicato Unitario denuncia a Lupa por no instalar desfibriladores en los supermercados de más de 500 m2

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El Sindicato Unitario de Cantabria ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la cadena Lupa por incumplir la orden de la Consejería de Sanidad que obliga a instalar desfibriladores en los supermercados con más de 500 metros cuadrados. Según denuncian es el caso de los supermercados de Lupa en Ganzo, en Torrelavega; en el Barrio Ontoria de Cabezón de la Sal; y el Barrio Hornos de Argoños.

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Bridgestone acepta el retorno a Puente San Miguel de 12 trabajadores desplazados a Burgos en 2010

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La empresa Bridgestone ha aceptado el retorno a la planta de Puente San Miguel de 12 trabajadores desplazados a la fábrica de Burgos en 2010. Una medida que ha provocado discrepancias entre el comité de empresa y el sindicato BUB, que se arroga el haber logrado que la multinacional acepte el retorno de los trabajadores, mientras el resto de formaciones sindicales afirman que la vuelta ha sido posible gracias a un cambio en el calendario de la fábrica cántabra que, subrayan, el BUB no aprobó.

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La cúpula de la multinacional francesa IDEC visita La Pasiega, Sniace y el polígono de Marina de Cudeyo

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La cúpula de la multinacional francesa IDEC, con su presidente, Patrice Lafargue, a la cabeza, viajó este lunes ayer a Cantabria para conocer in situ los planes de desarrollo de suelo industrial del Gobierno, y especialmente el proyecto del centro logístico de La Pasiega, en un encuentro con el presidente, Miguel Ángel Revilla, y el consejero de Industria, Francisco Martín.

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Bridgestone desarrolla nuevos sistemas operativos para fabricar cubiertas agrícolas y neumáticos de camión

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BridgestoneLopezMarcanoEl consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria, Javier López Marcano, ha realizado una visita a la planta de Bridgestone Hispania Manufacturing en Puente San Miguel con motivo de la finalización de un proyecto cofinanciado por SODERCAN, con un presupuesto de gasto subvencionable de 2,7 millones de euros, y la puesta en marcha de nuevos proyectos de I+D subvencionados por la Consejería a través de la línea INNOVA.

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La demora en aprobar el Plan de Liquidación de Sniace ‘enfría’ las esperanzas en una oferta con proyecto industrial

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La demora en la aprobación por parte del juez de lo Mercantil del Plan de Liquidación de Sniace que abrirá el plazo de presentación de ofertas por la unidad productiva está 'enfriando' las esperanzas de la plantilla en la aparición de un comprador con un proyecto industrial firme que pudiera permitir recuperar los en torno a 700 puestos de trabajo directos e indirectos que se perdieron en la comarca del Besaya con el cierre de la fábrica.

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