Economía
La plantilla de Sniace, a la espera de las reuniones con Trabajo y empresa, fijará el lunes un nuevo calendario de movilizaciones
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- Publicado el Jueves, 13 Febrero 2014
- Escrito por HoyTorrelavega
La plantilla de Sniace sigue a la espera de la reunión solicitada en el Ministerio de Trabajo para estudiar las fórmulas que ofrece la administración para resolver su situación de despido si la fábrica reanuda la actividad, y del nuevo encuentro comprometido por la dirección de la empresa para entregar a los sindicatos el Plan de Viabilidad. Mientras llegan esas citas, el comité se reunirá el lunes para preparar un nuevo calendario de movilizaciones.
Los trabajadores de Sniace han participado hoy en la concentración convocada por UGT y CCOO ante la Delegación del Gobierno en Santander, para exigir a la Administración central que resuelva la paralización del Fondo de Garantía Social (FOGASA), donde hay unos 180.000 expedientes pendientes, de los que un millar corresponden a Cantabria.
Los torrelaveguenses, con su habitual pancarta de "Sniace luchando acabará ganando" se han sumado a la protesta, recordando que ellos están directamente afectados por este problema, ya que sus indemnizaciones por despido serán tramitadas en el FOGASA.
En la concentración han estado los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Carlos Sánchez, que han explicado que aunque el plazo establecido para la resolución de los expedientes en el FOGASA es de tres meses, la realidad es que en Cantabria se está tardando una media de siete meses. Ese plazo, han denunciado, puede prolongarse hasta los dos años si el expediente se tramita en Madrid, algo que ocurre con algunas empresas y trabajadores de la región.
Cedrún ha recordado al Gobierno central que los trabajadores "no tienen la culpa de no cumpla con sus obligaciones" y no pueden esperar tanto tiempo para cobrar sus indemnizaciones y salarios pendientes, porque "tienen que comer todos los días".
Sánchez ha señalado que la situación de "bloqueo" del FOGASA es el resultado de la privatización aplicada por el Gobierno a este organismo, que "ha demostrado ser un absoluto fracaso" que están pagando trabajadores que no tienen otra vía de reclamación, ya que con la judicial el retraso en cobrar sus indemnizaciones sería aún mayor.