Sociedad
La Delegación de Gobierno rechaza las alegaciones y ratifica las multas a la PAH por el escrache a Calderon
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- Publicado el Viernes, 16 Agosto 2013
- Escrito por HoyTorrelavega
La Delegación del Gobierno en Cantabria ha comunicado el rechazo de las alegaciones presentadas por los ocho miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Torrelavega (PAH) sancionados por participar en abril en un escrache ante el domicilio del alcalde de la ciudad, Ildefonso Calderón, y la sede del PP, y ha ratificado las multas impuestas.
Los sancionados han informado que no pagarán las multas, de 352 euros, y presentarán nuevos recursos contra una decisión administrativa que a su juicio intenta acallar las críticas y desactivar las movilizaciones en contra de las políticas del Gobierno. Los miembros de la PAH han anunciado que registrarán las nuevas alegaciones el día 21 en Torrelavega.
El pleno de Torrelavega aprobó hace unos meses, con los votos de todos los grupos de la oposición y el rechazo del PP, una moción presentada por ACPT, para que el alcalde pidiera al Delegado del Gobierno, el popular Samuel Ruiz, la retirada de las sanciones por el escrache frente a su domicilio.
En sus primeras alegaciones, los multados solicitaron el "archivo y sobreseimiento" de los expedientes, basándose en la "vulneración de derechos fundamentales" recogidos en la Constitución, ya que los expedientes abiertos por la Delegación fueron "genéricos", no adjuntan "denuncia policial ni pruebas" y atentan contra "el derecho de reunión". También se hacía constar la vulneración de otros derechos, como los de reunión, presunción de inocencia y tipicidad.
En esos escritos individuales rechazados por la Delegación de Gobierno, los miembros de la PAH expedientados por concentrarse el pasado 18 de abril frente al domicilio de Calderón y la sede del PP en Torrelavega, expusieron que las sanciones suponen una "vulneración de derechos fundamentales consignados en la Constitución" y que, "según la ley 30/1992 del Régimen Jurídico de Administraciones Públicas, supone la nulidad de pleno derecho del expediente".
Entre otras cosas, se apunta que los hechos denunciados por la Delegación son "genéricos y abstractos", y exactamente los mismos para los ocho sancionados, "sin concreción alguna de la concreta conducta desempeñada por cada uno de ellos". Además, sólo se comunicó la apertura de expediente administrativo contra ocho de la treintena de personas que participaron en los actos denunciados, y "no se acompaña de copia de la denuncia formulada, al parecer por la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, y demás elementos de convicción".
La PAH y los afectados por estos expedientes sostienen que estos "atentan gravemente contra el derecho fundamental a la igualdad del artículo 14 de la Constitución, puesto que el verdadero designio de la iniciación de estos expedientes sancionadores es amedrentar y silenciar cualquier atisbo de contestación a las demenciales, antipopulares y autoritarias decisiones del actual Gobierno sostenido por el Partido Popular".
Las sanciones impuestas, según la Delegación de Gobierno por manifestarse sin autorización, son de 352 euros, aunque la falta administrativa que se les imputa puede ser sancionable, en función de la gravedad que se le determine a multas entre 300 y 30.000 euros. Ellos argumentan que el artículo 5 de la ley orgánica 9/1983, que regula el derecho a reunión, permite las manifestaciones espontáneas (sin autorización previa) siempre que no alteren el orden público. A este respecto recuerdan también que la propia Justicia desestimó la denuncia presentada por el alcalde y ratificó que los actos de la PAH no violaron la Ley.