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Sociedad

PAH: El PP quiere enmendar la plana a la Justicia, pero su política de intimidación no parará las protestas

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La Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Torrelavega ha asegurado que la "política de intimidación" del Partido Popular no parará sus protestas ni las acciones reivindicativas ante un Gobierno "autoritario y prepotente" que quiere "enmendar la plana" a la Justicia y castigar a través de la Delegación del Gobierno la protesta contra el alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, que los tribunales consideraron "legítima" y pacífica.

Los miembros de la PAH han advertido hoy que no pagarán las multas que les han comunicado por el escrache del pasado mes de abril frente al domicilio de Calderón, "las recurriremos y nos defenderemos en todos los terrenos que nos proponga este gobierno cada vez más antipopular y antidemocrático". Para ello cuentan con el apoyo de distintos colectivos sociales, vecinales, políticos y sindicales, que hoy les han acompañado en su comparecencia ante la prensa.

Hasta el momento cinco miembros de la PAH han recibido en sus domicilios comunicaciones de la Delegación del Gobierno con sanciones de 352 euros a cada uno, por manifestarse sin permiso el pasado 18 de abril ante distintas entidades bancarias de Torrelavega y ante la sede del PP en la ciudad y frente al domicilio del alcalde. El "goteo" de sanciones comenzó el viernes y la PAH supone que en las próximas horas seguirán llegando comunicaciones de multas, porque en el escrache participaron cerca de 30 personas.

Las sanciones, que llegan casi dos meses después de que se produjera el escrache, se han producido, según los afectados, identificando a los multados a través de fotografías e imágenes que se tomaron durante la protesta, ya que en ningún momento la policía, presente en la zona, intervino o identificó a los participantes.

Este colectivo tiene claro que estas sanciones son un castigo "político" por manifestarse ante la vivienda de un destacado miembro del PP. La plataforma Stop-Desahucios ha realizado numerosas protestas ante entidades bancarias de la ciudad, sin permiso de manifestación o concentración, sin que ello les haya reportado ningún tipo de sanción o apercibimiento.

La diferencia con la movilización que realizaron el pasado 18 de abril fue que incluyeron en su recorrido la sede del PP en Torrelavega y el edificio donde reside el alcalde, con lo cual entienden que las multas son una "medida de represión" y un intento de "acallar" a la plataforma antidesahucios y a otros muchos colectivos y movimientos sociales que se oponen a las políticas del gobierno.

Stop-Desahucios recuerda que el juez Fernández de la Vega ya desestimó la denuncia presentada por Ildefonso Calderón y valoró que, peses a las "mentiras e infamias" esgrimidas por el alcalde, no había indicio alguno de delito o falta, legitimando el derecho de los ciudadanos a la protesta pacífica y recordando que los políticos deben asumir como parte de su cargo las críticas y las acciones de protesta hacia las medidas gubernamentales, siempre que no impliquen la conculcación de derechos.

"Pensábamos que el juez había hecho justicia, y realmente fue así, pero la afrenta sufrida era indigesta para la gente que nos gobierna, y aunque el poder judicial reconoció el derecho a la libertad de expresión y reunión que ejerció la PAH aquel día y además poniéndolos en ridículo, ellos, los dueños de la mayoría absoluta, tenían que enmendarle la plana al juez y se sacaron de la manga la denuncia administrativa del Delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz", ha señalado la Plataforma .

Los sancionados y el resto de la plataforma antidesahucios y de colectivos que les respaldan han recordado que no es la primera vez que el alcalde intenta "acallar" las críticas a través de multas. Hace un año, varios miembros de la Asociación de Vecinos de La Inmobiliaria fueron advertidos de sanciones, que finalmente fueron retiradas, por protestar contra el alcalde en un acto público.

En la rueda de prensa de la PAH, han participado representantes de CCOO, IU, ACPT, CNT, la Unión Vecinal de Torrelavega, entre otros, mientras que otros distintos colectivos, como los trabajadores de Sniace, ha hecho llegar su solidaridad con Stop-Desahucios.