El presidente del comité de empresa, Antonio Pérez Portilla, ha señalado que el canon de saneamiento, competencia del Gobierno regional, es otro de los impuestos que está contribuyendo a llevar a la empresa a una situación de «desastre». Según ha explicado, el canon de saneamiento ha subido este año un 60% y supone a la empresa unos 400.000 euros al trimestre, por eso reclaman al Gobierno de Cantabria «que nos deje, de alguna manera, en una situación parecida a la que estábamos antes», ha dicho Pérez Portilla tras la reunión que el comité de empresa ha mantenido con la Corporación de Torrelavega.
Durante la reunión con el alcalde y los portavoces de los grupos políticos, que se ha prolongado durante una hora y media, un centenar de trabajadores se ha concentrado frente al Ayuntamiento.
En ese encuentro, los representantes de los trabajadores han explicado la situación que atraviesa la factoría tras el anuncio de un ERE, debido a la entrada en vigor de las nuevas leyes fiscales energéticas y, en especial del «céntimo verde», que afecta a las empresas que tienen cogeneración. La dirección no solo ha planteado un ERE de seis meses para 331 trabajadores, sino que el presidente de Sniace, ha afirmado que si no se modifica el «céntimo verde» la empresa está abocada al cierre.
Además, ha recordado que todo esto llega cuando la empresa ha invertido 80 millones de euros en mejoras medioambientales y acaba de poner en marcha una depuradora que ha costado más de 26 millones de euros y supone más de seis millones anuales en mantenimiento. «Es una pena que precisamente cuando entra en funcionamiento no sirva para nada porque tengamos que cerrar», ha afirmado.
El presidente del comité ha señalado que el nuevo impuesto supondrá a Sniace unos 10 millones de euros, lo que representa casi la mitad de la masa salarial de la empresa, «y eso desde el punto de vista económico no se puede soportar». La esperanza de los trabajadores está en que «en esta lucha no estamos solos», porque el «céntimo verde» afecta a centenares de empresas en España, y «hasta las patronales le han dicho al gobierno que esto no puede seguir así».
La valoración de la reunión mantenida este jueves con la Corporación es «positiva», pero matizando que eso es lo habitual en un primer encuentro y que la administración municipal no tiene competencia en este asunto. Lo que si han mostrado los grupos políticos es su compromiso a colaborar y hacer lo necesario para ayudar a los trabajadores, ha dicho Pérez Portilla.
Por su parte el alcalde, Ildefonso Calderón, ha propuesto crear una Mesa de Trabajo con la participación de todos los implicados para buscar una solución al problema. Tras conocer la visión del problema por parte de los trabajadores, ahora espera a una próxima reunión con el presidente de Sniace, Blas Mezquita, para saber «qué pide la empresa» y a partir de ahí ver qué pasos se pueden dar.
En cualquier caso, Calderón ha dicho que hará todo lo que esté en su mano y que este viernes acudirá a la manifestación convocada por la plantilla, a las 19.00 horas, desde la factoría hasta el Ayuntamiento. «Yo, siendo el alcalde tengo que estar porque son torrelaveguenses los que se manifiestan y porque hay una simbiosis entreTorrelavega y Sniace, entre Sniace y Torrelavega», ha aseverado Calderón.
Mientras, el PSOE ha acusado al gobierno regional y central de ser los «responsables directos del contexto» en el que la dirección de Sniace esta colocando a los casi 600 trabajadores de la empresa. Aseguran que la subida en más del 70% del canon de saneamiento, «decisión del gobierno regional», más la subida del canon de la Confederación Hidrográfico y el «céntimo verde» aprobado por el Gobierno de Rajoy son «la puntilla que puede hacer de Sniace una empresa inviable económicamente». También acusan al presidente Diego de haber «echado por tierra», al negar el aval necesario, el proyecto de la planta de bioetanol y los proyectos de energía eólica.
«Apoyaremos la petición de los trabajadores de presentar una moción en la que se solicitará la retirada de las medidas fiscales que el PP ha impuesto a la empresa y que deben ser debatidas no sólo en el Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega, sino también en el Parlamento de Cantabria y en el Congreso de los Diputados en Madrid, donde el PP tiene mayoría absoluta y puede tomar la decisión de modificarlas o retirarlas», han añadido los socialistas.