El Gobierno regional ha denunciado hoy una nueva okupación de una vivienda perteneciente al parque público de Cantabria, ubicada en Torrelavega, tan solo unos días después de producirse un episodio similar en Orejo. La okupación se ha producido en la vivienda apenas 24 horas después de que el Gobierno de Cantabria lograse recuperarla tras un largo procedimiento judicial, iniciado en 2023, por impagos durante más de dos años de sus inquilinos.
En concreto, ha explicado el consejero de Vivienda, Roberto Media, que las personas que residían en esta vivienda, ubicada en la urbanización de Ganzo que fue de la SAREB, desde mayo de 2022 dejaron de abonar el alquiler hasta acumular una deuda superior a los 9.300 euros. Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico inició los primeros expedientes de reclamación en 2023, que derivaron en un procedimiento judicial favorable para la Administración. Finalmente, fue este pasado martes cuando se produjo el lanzamiento, con la presencia de la comisión judicial, y técnicos de Gesvicán procedieron al cambio de cerraduras del inmueble y el trastero.
“Esta es la cruda realidad. Desde la Administración hemos tardado meses en desalojar a unos inquilinos que no pagaban, y menos de 24 horas después de que un juzgado les obligue a salir, nos han vuelto a ocupar la vivienda”, ha denunciado, tras relatar que al día siguiente del desalojo, trabajadores de Gesvicán volvieron al inmueble para comprobar su estado y ponerla de nuevo en condiciones para alquilarla “cuando comprobaron que alguien había vuelto a cambiar el bombín de la cerradura y la vivienda volvía a estar ocupada ilegalmente”.
El consejero ha señalado que, tras tener conocimiento de los hechos, se puso en conocimiento de la Policía Nacional que, como la pasada semana en Orejo, trasladó su imposibilidad de desalojar la vivienda “porque no tienen herramientas legales para hacerlo”. Ante esta situación, ayer mismo se presentó la correspondiente denuncia para iniciar el procedimiento judicial.
El consejero ha lamentado que esta situación afecte especialmente a aquellas personas que se encuentran en lista de espera para poder acceder a una vivienda del parque público, a un precio accesible “que tendrán que seguir esperando porque se ha ocupado “y no podemos hacer nada para echarles”.
“La ocupación es un problema real que le puede afectar a cualquiera y que te deja absolutamente desprotegido”, ha afirmado, tras referirse a los últimos datos de ocupación en Cantabria en 2025 “donde hemos registrado las cifras más altas de los últimos años”.
Una situación que es “doblemente indignante”, según ha explicado, ya que por un lado afecta a la Administración, a la que ocupan una vivienda y no puede hacer nada para desalojarla, y, por otro, al posible inquilino, una persona a la que los ocupas “le quitan la oportunidad de disfrutar de una vivienda digna”.
Además, ha asegurado que lo sucedido en Torrelavega y Orejo “no son hechos aislados”, poniendo como ejemplo las 8 viviendas ocupadas con sentencias de derribo en Argoños desde 2022, y tras la indemnización a sus propietarios. Pese a ello, ha asegurado que no ha sido posible desalojarlas, una situación que ha vuelto a atribuir a la actual Ley de Vivienda, que ha dado la razón a los okupas al considerar que no existía vocación de permanencia, «al tratarse ocupaciones rotatorias y sin estancia fija».
Y ha recordado que el Ejecutivo se ha visto obligado a contratar servicios de vigilancia y seguridad privada en diferentes promociones, con el consiguiente coste económico para todos los cántabros, “que no puede ser la solución”.