ACPT considera que llevar a aprobación inicial el documento del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega a aprobación inicial sin consenso y acuerdo «es una torpeza política». Tras el anuncio del equipo de Gobierno de su intención de llevar al pleno la revisión del PGOU el próximo 9 de abril, ACPT ha recordado que la aprobación requiere mayoría absoluta (13 votos a favor), de lo contrario «será rechazado y servirá únicamente para poner la puntilla» al documento.
El portavoz de ACPT, Iván Martínez, considera que el equipo de gobierno PSOE-PRC debería «reflexionar» antes de dar el «paso tan irresponsable» de llevar a pleno el debate de la revisión del PGOU, porque no solo cuenta con la oposición de esta formación, sino que incluso dentro del propio equipo de gobierno «tampoco hay consenso». Algo que «quedó claro» en la última Junta de Portavoces, donde el concejal de Urbanismo, el socialista José Otto Oyarbide, se mostró en desacuerdo con el cronograma que planteaba el equipo de gobierno, y se ratificó posteriormente cuando el alcalde, públicamente, desautorizó a su compañero de grupo municipal y advirtió que le cesaría si volvía a contradecir sus decisiones, en lo que ACPT califica de «espectáculo lamentable y dantesco».
Para Martínez además, si el documento está finalizado desde junio de 2017, es poco entendible que se espere al 9 de abril. «La única explicación posible que vemos en ese retraso es que algo tenga que ver las negociaciones que el PRC, a través de Javier López, está manteniendo con la empresa Sniace para la recalificación de terrenos, pasando estos de industriales a comerciales», ha afirmado.
Esta formación defiende que «es necesario que de una vez por todas Torrelavega tenga un PGOU adaptado a la realidad del siglo XXI y no a los años 80», y considera que el equipo redactor ha realizado «un buen trabajo» y ha sabido «entender la ciudad que queremos».
Sin embargo, también dicen que «las injerencias externas partidistas (PSOE y PRC) y especulativas que han impuesto en el mismo documento una figura urbanística como el PSIR de Las Excavadas, hacen imposible que nuestra asamblea dé el visto bueno al documento inicial de revisión de PGOU».
Además, Martínez ha apuntado que en caso de ser aprobado, «algo que dudamos mucho», coincidirá el periodo de alegaciones con el proceso electoral, «produciendo el mismo un clientelismo político que puede dar en graves casos de corrupción, algo a lo que muchos partidos de los que se presentan son muy propensos».
Por otro lado, «es muy fácil que después de las elecciones se produzcan composiciones de gobierno que no asuman como suyo el Plan General aprobado inicialmente, con lo que estaríamos peor que lo que estamos ahora», porque puede conducir a una «parálisis urbanística total».