El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha acaparado la atención mundial. Las conclusiones contenidas en el documento han hecho saltar todas las alarmas sobre el impacto que nuestro sistema de vida está proyectando sobre el planeta.

La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado hasta niveles sin precedentes y hasta tal punto que, sino no queremos hacer inhabitable la Tierra en las próximas décadas, los gobiernos y la humanidad en su conjunto habrán de dar una respuesta contundente e inmediata al conjunto de circunstancias que han propiciado esa situación de deterioro medioambiental.

En el marco de la crisis económica actual esa necesidad de acción constituye una oportunidad singular para la generación de nuevos yacimientos de trabajo puesto que la lucha contra el cambio climático exige a las sociedades humanas avanzar hacia un modelo económico alternativo a través de una profunda transformación industrial y de los sistemas de generación de energía en un marco de solidaridad, democracia y justa distribución de la riqueza a través del empleo que asegure la conservación de los recursos naturales para las futuras generaciones.

El continuado descenso de la inversión; el aumento del alumnado y la disminución de docentes y trabajadores de la enseñanza; el recorte en becas y ayudas; y la reforma de aspectos claves de la universidad configuran un comienzo de curso marcado por la entrada en vigor de la LOMCE.

Una Ley que supone un grave retroceso para nuestro sistema educativo, al reforzar el peso de la Religión y favorecer a los colegios que segregan por sexo a niños y niñas; instaurar reválidas clasificatorias y establecer itinerarios cerrados a edades tempranas.

El próximo 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, convocada por la Confederación Sindical Internacional (CSI). En Cantabria, no podía ser de otro modo, UGT se ha sumado a dicha convocatoria anunciando la celebración de una concentración ese día a las 19.30 de la tarde frente a la Delegación de Gobierno en Santander y asambleas de trabajadores y trabajadoras en las empresas.

En un contexto de 8736 personas desempleadas en nuestra Comarca y con una raquítica creación de empleo, mayoritariamente temporal y precaria, la Unión General de Trabajadores en el Besaya se plantea esta movilización como un medio no solo para avanzar hacia la universalización del trabajo decente en el mundo sino como un toque de atención a la ciudadanía de nuestro territorio para que tome conciencia de que a la lacra del paro se ha sumado, en el transcurso de esta crisis, unas condiciones laborales nefastas en las escasa ofertas de empleo que llegan al mercado de trabajo.

Los datos de siniestralidad laboral del primer semestre de 2014 ofrecidos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social muestran un aumento generalizado de los accidentes de trabajo en el conjunto de España y también en nuestra región, que confirman el deterioro de la prevención de riesgos laborales denunciada por Comisiones Obreras en todos los ámbitos referidos a la Salud Laboral.

Los datos son preocupantes, si tenemos en cuenta que el incremento se manifiesta de forma generalizada; tanto en términos absolutos como relativos (índices de incidencia) y en casi todos los sectores de actividad.

Los accidentes con baja en el primer semestre han crecido un 5%. Los accidentes mortales aumentan un 3’2% en el conjunto de actividades. Crecen un 54% en el sector agrario, un 36% en la industria y un 7% en la construcción.
Además, los accidentes «in itinere» aumentaron un 20’5%.

En Cantabria se registraron hasta el mes de junio 2.300 accidentes con baja, lo que representa un 7% más que el mismo periodo del año anterior.

Abordar cualquier situación discriminatoria en el ámbito del trabajo es una parte consustancial a la acción sindical de las organizaciones obreras. Nadie pone en duda el valor de desarrollar una vida profesional en igualdad de condiciones. Sin embargo la realidad laboral manifiesta unos rasgos entre los que no destaca, precisamente, el trato igualitario.

La igualdad es compleja pero hasta hace muy poco tiempo hemos compartido una visión sesgada de su significado ya que, junto a la mayoría de la sociedad, la habíamos identificado con la no discriminación por las clásicas razones de raza, religión o género, entendido éste desde la perspectiva de una dualidad cultural construida en términos de masculino/femenino.

No obstante, la reflexión realizada en las últimas décadas en torno a la noción de género y las discriminaciones asociadas a éste han dado como resultado el desarrollo de un nuevo concepto de igualdad mucho más complejo e inclusivo que ha terminado por contemplar toda la diversidad afectivo-sexual que atesoran los seres humanos y que han sido causa de exclusión en nuestras sociedades.

Hoy la idea de igualdad de trato para ser bien entidad y aplicada ha de atajar las fuentes de discriminación vinculadas a todas y cada una de las expresiones afectivo-sexuales existentes: la heterosexual, la homosexual, el lesbianismo, la bisexualidad y la transexualidad. De tal manera que el compromiso ha de ser firme en la aceptación de esta nueva perspectiva si nuestro fin es alcanzar el trato igualitario real tanto en la sociedad en su conjunto como, particularmente en lo que nos atañe, dentro de las empresas.

El mundo del trabajo ha incorporado esta nueva visión en fechas muy recientes. La Directiva Comunitaria 2000/78/CE del Consejo en la que se afirmó como objetivo «establecer un marco general para luchar contra la discriminación por motivos….de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación» abrió la senda a una serie de nueva normativa de carácter estatal que obliga jurídicamente a evitar comportamientos discriminatorios en los centros de trabajo. La aplicación de esas normas generó posteriormente varios pronunciamientos judiciales sobre la materia en los que fueron reconocidas causas de nulidad en los despidos denunciados por haberse producido estos debido a la homosexualidad declarada de los denunciantes.

CCOO hace un llamamiento a la afiliación y a los trabajadores y trabajadoras a participar en las movilizaciones por la reforma constitucional, la regeneración democrática y para poner fin a las políticas de austeridad que están generando un desempleo masivo y el empobrecimiento de la mayoría de la sociedad

Para CCOO, la abdicación de Juan Carlos I es una expresión de la crisis político institucional que se acentúa con la crisis económica y social que padecemos y la gestión que de ella se viene realizando. Gestión que sólo nos ha traído paro, empobrecimiento generalizado y debilitamiento de las redes de protección.

En nuestra opinión, el entramado institucional construido en la transición, que ha deparado décadas de estabilidad democrática, muestra síntomas de agotamiento.

Alguno de estos síntomas los podemos encontrar en la gravedad y extensión de los casos de corrupción que han alcanzado incluso a la familia real; en unas formas de Gobierno autoritarias, que ha tratado a la ciudadanía como si fuese estúpida y que ha tenido uno de los ejemplos más bochornosos en la modificación constitucional al dictado de poderes fácticos; en la desafección ciudadana hacia las instituciones y las formaciones política y sociales «tradicionales», que se venía expresando en encuestas y que en las recientes elecciones europeas se ha traducido en un severo castigo de los grandes partidos que en estas décadas han vertebrado la acción de Gobierno; en el recrudecimiento del debate sobre la organización territorial del Estado; en la eclosión de la movilización social protagonizada por amplios y heterogéneos sectores sociales en los que ha destacado la participación de los jóvenes.

El proceso de degradación económica y sus consecuencia entre la clase asalariada de nuestro país a resultas de la crisis viene ocupando páginas y más páginas de reflexión en todos los medios de comunicación desde hace años. La actualidad en nuestra comunidad autónoma se ha centrado en los últimos días en el grupo más desfavorecido de entre los que sufren sus consecuencias, es decir, el que está conformado por aquellos y aquellas que tienen que acudir a la última red de protección social para sobrevivir: la Renta Social Básica.

El debate sobre la regulación de esta ayuda ha ocupado un lugar importante en las discusiones sindicales sobre protección social en España y en el conjunto de la Unión Europea desde los años 80. Ya en 1988 la UGT reivindicó la implantación de un sistema de rentas mínimas para aquellos ciudadanos y ciudadanas que se enfrentaran a situaciones de necesidad extrema. Una reivindicación que quedó ratificada con la firma junto a CCOO del documento «Propuesta Sindical Prioritaria» en 1989 en el que fue contemplada.

Desde aquella lejana fecha, en la UGT hemos abogado constantemente porque la regulación de la Renta Social Básica se produzca en un marco legal de orden estatal que evite desequilibrios entre territorios y garantice la igualdad de trato a todos sus beneficiarios. Que contemple el cobro de esta ayuda de manera indefinida en tanto en cuanto persista la situación que genere el derecho. Que el nivel de recursos para acceder a la prestación sea lo más similar posible entre territorios. Que las cuantías a percibir se establezcan teniendo en cuenta una asistencia adecuada a las necesidades básicas de reproducción biológica y social. Y que la edad mínima de acceso sea 18 años de edad.

Hoy resulta necesario que la ciudadanía deje claro, tanto en la calle con la movilización activa, como en las urnas con un voto exigente del cambio, que la solución es más Europa, pero otra Europa. Una UE que gane en…