El grupo de 15 familias de Duález va a exigir administrativa y judicialmente que Sniace devuelva los 1,7 millones de euros en ayudas a fondo perdido que recibió del Gobierno regional para el fallido proyecto de la planta de bioetanol y que ese dinero se destine a inversiones en el pueblo. Además exigirán que la empresa, si reabre, pase una «ITV ambiental» y que «desmantele» la parte de la planta de cogeneración que está «en terrenos de Duález»
También reclamarán la devolución de las ayudas concedidas al proyecto por el Gobierno central, cuya cuantía todavía no han podido confirmar pero creen que puede ascender a más de 5 millones de euros y cuyo objetivo era apoyar la creación de medio centenar de empleos en la planta de bioetanol.
Las reclamaciones se apoyarán en la sentencia del Tribunal Supremo que acaba de revocar la concesión de la Autorización Ambiental Integrada concedida por el Gobierno regional y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que desestimó el recurso de los vecinos de Duález, al proyecto de Sniace Biofuels para la construcción de una planta para la producción de biocombustible.
Florentino Muñoz, portavoz de los vecinos, considera que la sentencia es «histórica a nivel jurídico», marca «las pautas a seguir» y «nos da la razón a siete años de lucha», contra un proyecto que finalmente no se ha ejecutado por cuestiones económicas.
«Durante este tiempo las administraciones nos han despreciado e ignorado, ahora el Tribunal Supremo dice que teníamos razón y se la quita al Consejo de Administración de Sniace, al Gobierno regional y al Ayuntamiento», han subrayado las familias de Duález
«Ahora tenemos que seguir luchando para que cualquier proyecto industrial en el entorno del pueblo de Duález respete lo que dice la sentencia del Supremo: que cualquier industria contaminante próxima a viviendas no se tiene que hacer, y que ninguna instalación puede perjudicar la salud de los vecinos», han asegurado.
Esas precauciones, a su juicio, afectan en primer lugar a Sniace, que lleva 20 meses parada pero que, si finalmente se reabre, se encontrará con las exigencias administrativas y judiciales de estos vecinos para que todos y cada uno de los procesos e instalaciones de la fábrica cumplan la normativa medioambiental y de seguridad.
Por eso, aunque la empresa todavía tenga en vigor la Autorización Ambiental Integrada, exigirán a la Consejería de Medio Ambiente que Sniace pase una «ITV ambiental», amparándose en la sentencia del Tribunal Supremo que pone de manifiesto que, al margen del proyecto de bioetanol, en el entorno hay otros procesos susceptibles de riesgo.
Los vecinos entienden que en estas exigencias deberían tener «el apoyo del comité de empresa de Sniace y de los sindicatos, defendiendo a sus trabajadores y las condiciones en las que trabajan»
Así, reclamarán el desmantelamiento de la parte de la central térmica de cogeneración que está en terrenos de Duález. Del mismo modo, estudiarán pedir que Sniace devuelva los «terrenos expoliados tras la guerra y escriturados por la empresa».
Muñoz ha señalado que, aunque la ley marca que si en el plazo de 30 o 40 años no se producen reclamaciones sobre la titularidad de los terrenos, estos pasan a ser propiedad de quien los ha escriturado, caso de estos de Duález, los vecinos creen que también aquí cuenta la «memoria histórica» y están dispuestos a pedir al Ayuntamiento de Torrelavega un estudio sobre la titularidad de esas fincas.
«Sniace sigue siendo un icono en la comarca del Besaya, pero el futuro no debe pasar por una Sniace contaminadora», ha asegurado el portavoz de los vecinos, advirtiendo que serán inflexibles con la empresa pero también con los planes privados y públicos que pretendan desarrollar proyectos industriales en Duález.
Del mismo modo, han advertido que están «dispuestos a hablar» pero «no a negociar», porque a partir de ahora «nosotros somos los que decidimos». Añadiendo que a lo largo de estos años han demostrado que «un pequeño grupo es capaz de volver loco a unos cuantos».
Florentino Muñoz y las familias que han participado en esta lucha han lamentado que desde que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo «ninguna institución se ha puesto en contacto con nosotros, ni para felicitarnos ni para pedirnos perdón».
Por el contrario, han agradecido el trabajo realizado «sin cobrar» por su abogada, María Luz Ruiz Sinde, y el apoyo de Bernardo García, miembro de Ecologistas en Acción, a lo largo de estos siete años, en los que se han conseguido algunos logros iniciales, como el retranqueo de la planta sobre la ubicación inicial, y finalmente la revocación de la AAI, al considerar el Supremo que no es razonable, como establecía el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, analizar los riesgos una vez concedida la autorización.
Muñoz también ha querido destacar la «unión» que las 15 familias han mantenido durante estos años, sin que «ninguna haya abandonado», lo que cree que ha sido la clave para finalmente conseguir la sentencia que les da la razón.