Un grupo de vecinos de Duález, formado por trece familias de ese pueblo, ha pedido al Gobierno de Cantabria que derogue la autorización ambiental de Sniace y animan a los vecinos de Torrelavega, Suances y Santillana del Mar a «auto organizarse» y exigir a sus ayuntamientos y grupos municipales a defenderles «de forma activa» contra la «contaminación del aire, de las aguas y el riesgo de accidentes graves en el entorno donde habitan, trabajan y disfrutan» que a su juicio supone la factoría.
El portavoz de este grupo, Florentino Muñoz Lunate, defiende que el hecho de que no se les hayan facilitado las actas e informes de las inspecciones ambientales que «en teoría parece ser se han realizado», a pesar de haberlos exigido, supone que «se nos ocultan datos sensibles del deterioro y la eficacia de las instalaciones industriales y ambientales de las empresas de Sniace», han explicado hoy en un comunicado.
Igualmente acusa a «el Gobierno entero, el Parlamento, los partidos políticos, grupos municipales y sindicatos» de «guardar silencio» o dar su «apoyo explícito» a Sniace, y piden tomar parte en las decisiones sobre las autorizaciones ambientales que se concedan a la empresa.
Según recuerda, este grupo de trece familias lleva diez años luchando «por el futuro y la calidad de vida de y en nuestro pueblo», y este año han instado a través de escritos dirigidos a las consejerías de Medio Ambiente y de Industria a que se les «garantice escrito que las instalaciones de Sniace, incluso estando sin actividad no son un peligro para la vida de las personas y para la salud ambiental de nuestro pueblo y de la comarca». Quieren que se les garantice que las instalaciones de Sniace, «en las que se almacenan en depósitos gran cantidad de gases y líquidos altamente peligrosos y tóxicos, están en perfectas condiciones de seguridad ambiental y utilidad en previsión de accidentes».
Muñoz Lunate asegura que desconocen el estado de las instalaciones desde hace dos años, ya que el Gobierno de Cantabria no ha remitido a este grupo de vecinos información técnica ni ambiental «que garantice que las instalaciones industriales, sus depósitos, tuberías, turbinas, están en perfecto estado para empezar a funcionar» y que no van «a ver explosiones, ruidos, envenenamiento del aire, olores, vertidos salvajes, accidentes en las subestaciones eléctricas y ocupaciones del territorio y la tierra que no les pertenece».
Añade que les preocupa «en especial» los depósitos de «sulfuro de hidrogeno, del dióxido de azufre, de ácido sulfúrico, las turbinas y las conducciones de gas de la central de cogeneración, el estado de las calderas de carbón y todo su instalación adyacente», por su «repercusión en la seguridad de nuestras vidas, de nuestro patrimonio y del entorno ambiental donde vivimos».
Además, se refieren a los contaminantes al aire, el ruido, los olores, la proximidad a sus viviendas de las «centrales térmicas deterioradas» y las cerca de «600 toneladas» de lodos y fangos «almacenadas, esperando a ser vertidas, si no se están o se han estado vertiendo ya», cuestiona Muñoz Lunate. «Informes oficiales dan como resultado que durante los días del 1 al 9 de agosto las aguas de la playa de La Concha no eran aptas para el baño, las causas no han querido ser confirmadas públicamente o por escrito así como las analíticas de las muestras tomadas», asegura.
Muñoz Lunate critica que Gobierno, Parlamento, partidos, grupos municipales y sindicatos estén «cooperando con una empresa a la que acusa de carecer «de responsabilidad industrial, social económica y ambiental», y de tener un historial plagado de «irregularidades, delitos, condenas penales, sanciones, multas, mentiras, desprecios, chantajes, amenazas, subvenciones concedidas y no devueltas de proyectos fracasados y no construidos, como la planta de bioetanol, 7,2 millones, que desconocemos su paradero y que hemos exigido su devolución, sueldos millonarios de miembros del Consejo de Administración, incluso con las empresas cerradas y sin actividad, como en la actualidad».
Insiste el portavoz de esas trece familias de Duález en que «Gobierno, Parlamento, partidos políticos, sindicatos, grupos municipales y corporaciones siguen defendiendo planteamientos industriales, económicos, sindicales, ambientales ya caducos, sin futuro, y lo que es peor impidiendo que otros lo tengan».
Este grupo de vecinos ha solicitado a organismos oficiales conocer los informes de las inspecciones ambientales; así como participar en la toma de decisiones sobre las autorizaciones de Sniace y el estado de sus instalaciones, «ya que las leyes amparan y protegen esa participación». Critican que la información «de los vecinos afectados y ciudadanía» no ha existido, y que los ayuntamientos afectados no parecen estar «interesados» en ello, y unos «apoyan explícitamente la reapertura e inicio de la actividad», como Torrelavega, y otros permanecen «en silencio interesado», como Santillana del Mar y Suances.
También han pedido la «derogación de la autorización» ambiental de Sniace y que no se lleve a efecto ésta ni «otras que vendrán» sin «contar con la ciudadanía y vecinos afectados e interesados»; y el cumplimiento de las «sentencias que anulan peticiones de Sniace con la que pretendían contaminar brutalmente la ría San Martín, provocar olores con los fangos y lodos en toda la zona del entorno de la depuradora: Duález, Barreda, Viveda, Complejo Deportivo Oscar Freire, barrios y centro de Torrelavega». Además de las que «anulaban la solicitud por parte de Sniace de ocupación de terrenos públicos, autorización para producir olores, ruidos, almacenamientos de carbón y poder contaminar el aire en picos aislados, al inicio de la actividad empresarial».