Los concejales de Partido Popular, Torrelavega Sí, ACPT y Torrelavega Puede podrían haber incurrido en delitos de «prevaricación, malversación de fondos públicos, administración inapropiada e incumplimiento de la Ley de Transparencia», al votar en contra de una norma legal de «obligado cumplimiento». Los catorce concejales de los cuatro grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Torrelavega votaron en contra del modificado presupuestario presentado por el equipo de Gobierno para destinar los 4 millones de euros de superávit que tuvo el Consistorio en 2015 a amortizar deuda bancaria, tal y como impone la Ley de Sostenibilidad Presupuestaria.
Además, los concejales podrían recibir también sanciones monetarias si se demuestra que su acción causó un daño económico al Ayuntamiento, «que en este caso es evidente», ha dicho el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, y estaría en los aproximadamente 200 euros diarios de «sobrecostes en intereses» al no hacer frente al pago de la deuda.
«Los técnicos ya advirtieron de forma verbal de la responsabilidad que puede tener un concejal votando en contra de algo que por imperativo legal hay que acatar», ha subrayado Pérez Noriega. Desde la Secretaría, la Intervención y la Tesorería municipal se advirtió de las responsabilidades legales que implicaba no destinar el superávit a amortización bancaria, y tras la votación en el pleno están realizando los informes en los que se precisará el alcance que puede tener.
Respecto al Grupo Popular, Pérez Noriega ha sido tajante al señalar que «mienten», porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria no ha cambiado desde que entró en vigor «aprobada por el PP», en contra de lo manifestado hoy por la concejal Natividad Fernández. La Ley «obliga» a los ayuntamientos a destinar el superávit, en primer lugar a pagar a proveedores, en segundo a amortizar deuda y solo si «sobra» a inversiones «sostenibles».
En este sentido se ha referido al primer modificado presupuestario de 2013, con el PP en el Gobierno, que se aprobó sin «casi debate» porque «la ley está muy clara». También ha hecho mención al voto de abstención del PP en la comisión de Hacienda celebrada hace un mes en la que el interventor explicó «claramente» que esta Ley no permite otra cosa que amortizar préstamos. Una abstención, ha recalcado, de la que hay evidencias, incluso «por escrito», de que ese iba a ser el sentido del voto los populares en el Pleno celebrado el pasado martes. Por eso, está convencido de que son «intereses electoralistas» los que han llevado al PP a cambiar su postura y votar en contra de la Ley que su propio partido ha impuesto y que es «nefasta» para los ayuntamientos.
En cuanto a la sugerencia de la concejal del PP Natividad Fernández de incrementar el techo de gasto, lo que generaría un déficit y obligaría a elaborar un Plan Económico Financiero, el concejal de Hacienda lo ha calificado de «trampa». El año pasado el equipo de Gobierno PSOE-PRC se vio obligado a realizar un Plan Financiero porque tuvo que hacer frente a inversiones que venían del ejercicio anterior y del Gobierno del PP, ha explicado, a pesar de la «solvencia» de las cuentas municipales y recibió acusaciones del PP sobre la mala situación económica del Ayuntamiento.
«Ahora pretenden que hagamos algo por lo que nos estuvieron criticando, no queremos entrar en déficit», ha dicho Pérez Noriega, que solo valoraría esta posibilidad para una inversión «excepcional», como podría ser la reforma del Palacio Municipal, ha apuntado, pero no para acometer otro tipo de inversiones corrientes. Por eso, la postura del equipo de Gobierno en el modificado presupuestario «no va a cambiar».
Aunque la Ley no marca un plazo para aprobar el destino del superávit, el concejal de Hacienda ha avanzado que la intención es hacerlo «lo antes posible, por sentido común y para evitar perjuicios, especialmente a los proveedores que no podrán cobrar hasta que se apruebe el mismo».
Como ejemplo de las consecuencias que puede tener demorar el modificado, ha señalado que la Policía Local podría dejar de contar con un coche cuyo renting finaliza el 12 de junio y para cuya compra figura un partida de 4.000 euros en el modificado presupuestario.
Por último, Pérez Noriega ha reiterado que el equipo de gobierno PSOE-PRC está «totalmente en contra de pagar dinero a los bancos» y defiende que los ayuntamientos con cuentas saneadas deben tener autonomía para decidir su gasto,» pero nos encontramos ante una Ley que hay que cumplir».