Las familias sin recursos que solicitan la ayuda económica de emergencia social, unos 200 euros destinados a hacer frente a la compra de alimentos o el pago de luz o alquiler, tienen que esperar en este momento entre dos y tres meses para recibirlos. Del mismo modo, el Gobierno de Cantabria está tardando un mínimo de seis meses en tramitar las solicitudes de la renta social básica, a la que tiene derecho cualquier familia que no recibe ningún tipo de ingresos.
Asamblea Ciudadana por Torrelavega ha denunciado este «retraso» que se está produciendo en el pago de las ayudas económicas de emergencia social por parte del Gobierno de Cantabria y que son tramitadas por los Servicios Sociales Municipales.
«Detrás de cada solicitud de renta social básica o ayuda de emergencia social hay un rostro, una familia, una persona a la que este sistema no está queriendo dar una respuesta y está abandonando a su suerte», ha afirmado el portavoz de ACPT, Iván Martínez.
Para ACPT «cualquier inversión en obra pública o subvención, puede esperar si se trata de garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las familias».
Según ha explicado, este grupo político está comprobando a diario «como desde las distintas administraciones se va abandonando a más personas a su suerte y se es incapaz de darles una solución rápida a problemas de escasez económica o carencias alimenticias».
Martínez ha recordado, en un comunicado, que en la actualidad en Torrelavega hay alrededor de 6.500 parados, de los cuales casi un 60% no perciben ningún tipo de prestación por desempleo. «Eso hace que tengan acudir a los Servicios Sociales para obtener algún tipo de ayuda económica que les permita cubrir sus necesidades básicas como pueden ser alimentación, pago del alquiler o pago del recibo de la luz», ha subrayado.
A su juicio, «las políticas sociales que está desarrollando el Partido Popular y más concretamente el gobierno que preside Ignacio Diego, son incapaces de atajar el drama social y económico que están atravesando miles de torrelaveguenses y es necesario un giro de 180 grados en las mismas, agilizando los trámites, pues se trata de atender situaciones límite».
El portavoz de ACPT que «las familias y personas que se ven abocadas a la solicitud de estas ayudas no son las responsables de la crisis y la única forma que conocen para ganarse la vida es con la fuerza de su trabajo, trabajo del que se les ha privado».
También ha señalado que en muchos casos, «se trata de personas o de familias que se ven abocadas a sobrevivir aquí, pues por compromisos familiares o por su perfil educativo, no están preparadas siquiera para emigrar».