«Yo sólo tengo miedo a Dios, no tengo miedo a nada más en esta vida». Así ha respondido el alcalde, Ildefonso Calderón, a la portavoz de ACPT cuando esta le ha afeado en el Pleno que «parece da miedo luchar contra Eon» para defender los derechos de los vecinos, como los residentes en el número 33 de la calle Lasaga Larreta que llevan años luchando para que la eléctrica retire el transformador instalado en su edificio.
Tanto ACPT como PSOE reclamaron al alcalde que cumpla los acuerdos plenarios y sus compromisos, para dar respuesta al problema que sufren estos vecinos de Lasaga Larreta, que no cejan en su lucha para que Eon retire el transformador instalado, insisten, en los bajos de la comunidad, sin su autorización y sin licencia.
Los vecinos de Lasaga Larreta asistieron al pleno y mostraron una gran pancarta en la que denunciaban su situación, pedían la retirada del transformador y relacionaba este tipo de instalaciones con enfermedades como el cáncer. Los afectados se han mantenido en silencio y sólo han levantado la pancarta al inicio de la sesión y cuando se ha tratado su problema, mientras que durante el resto del pleno han mostrado unos pequeños carteles de protesta.
Esther García intervino en el capítulo de ruegos y preguntas para reclamar la convocatoria de una comisión extraordinaria de Medio Ambiente para debatir la redacción de una Ordenanza Municipal que prohíba la instalación de transformadores eléctricos en los edificios residenciales y, en tanto se elabora, se ordene la retirada cautelar. En el pleno de enero, el alcalde retiró del orden del día la moción de ACPT con ese contenido y trasladó su debate a una comisión de Medio Ambiente.
«Si alguien ha pensado que puede seguir liando la madeja indefinidamente, se equivoca totalmente», ha manifestado García, que considera que el alcalde y el equipo de Gobierno pretende «enredarnos en comisiones» para ir dilatando el problema y esperando que los vecinos decaigan en sus demandas. La concejal de ACPT ha señalado que parece que despierta «miedo» en el equipo de Gobierno oponerse a los intereses de Eon para defender los derechos de los torrelaveguenses. «Algo huele a podrido» ha dicho García.
En ese momento es cuando el alcalde ha interrumpido a la concejal, para asegurar, de forma airada, que no tiene «miedo a nada en esta vida», que sólo teme «a Dios». Posteriormente ha asegurado que está en marcha un informe solicitado por el Defensor del Pueblo, al que pidieron amparo los vecinos, y ha insistido en que la redacción de la Ordenanza se debatirá en comisión, tal y como se acordó.
Sobre este asunto también se ha pronunciado la portavoz del PSOE, Blanca Rosa Gómez Morante. Ha exigido al alcalde que cumpla la moción que, a propuesta socialista, se aprobó por unanimidad para dar una solución a este problema.
PSOE y ACPT también han coincidido en reclamar soluciones para otros vecinos del municipio, los del barrio de La Turbera afectados por filtraciones de agua en sus viviendas. Las portavoces de ambos grupos han criticado el «cambio de criterio» del técnico municipal que al inicio del problema redactó un informe recomendando la realización de catas para averiguar la causa de las filtraciones y hace unos días ha redactado otro informe, diciendo justo lo contrario, que no son necesarias.
García y Gómez Morante han coincidido igualmente en recordar que fue el propio alcalde el que públicamente se comprometió con los vecinos de La Turbera a darles una solución. También se comprometió a dirigirse a todas las instancias necesarias para acabar con las filtraciones de agua y lograr la reparación de los desperfectos, algo que, por otra parte es su «responsabilidad moral», han señalado PSOE y ACPT.
«Las reclamaciones de los vecinos están sustentadas en la palabra del alcalde, y esa palabra hay que llevarla hasta el final», ha dicho Gómez Morante, añadiendo que «ya está bien» de apariciones en fotografías anunciando medidas que luego no se llevan a cabo.
Los socialistas, en el capítulo de ruegos y preguntas del Pleno, han reclamado además el cumplimiento de otras mociones aprobadas, como las relativas a Sniace y los desahucios, aprobadas en enero. Así mismo, han solicitado información sobre la revocación del Convenio con el Consorcio de Infraestructuras Deportivas para la construcción de la piscina olímpica, anunciada por el Gobierno regional, y sobre la documentación presentada por la empresa adjudicataria del Plan General contra la decisión del PP de revocar el contrato.