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La Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Cantabria ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento y ha ratificado la sentencia del Juzgado de Instrucción número 3 de Torrelavega que en mayo de 2018 declaró resuelto el contrato de arrendamiento del Complejo Oscar Freire, condenando al desalojo de las instalaciones deportivas y al pago de una cantidad diaria hasta que éste se haga efectivo.
En el equipo de Gobierno están «seguros de que no habrá desalojo», ya que el desahucio solo se hará efectivo si la empresa solicita su ejecución y están convencidos de «la buena voluntad» de Sniace para seguir «hablando» y buscando un acuerdo. Sin embargo, en la oposición, ACPT cree que esta sentencia pone «en grave peligro la continuidad de poder seguir utilizando el Complejo Oscar Freire como zona deportiva pública».
La sentencia, contra la que cabe recurso de casación, confirma la sentencia del Juzgado de Instrucción «en todas sus partes», al dar por extinguido el contrato de arrendamiento entre el Ayuntamiento y Sniace, que concluyó en 1999, de las instalaciones deportivas y la conocida como ‘casita del Padre Coll’, un inmueble situado en el barrio San Gil que utiliza la asociación AMICA como vivienda tutelada para personas con discapacidad.
El fallo señala además que el acuerdo entre ambas partes para compensar la indemnización por el uso de las instalaciones una vez concluido el arrendamiento con las deudas que la empresa mantiene con el Consistorio, no supone de forma expresa ni tácita «que se estuviese admitiendo con ello la prórroga del contrato».
El Grupo Municipal ACPT ha señalado que el Ayuntamiento interpuso este recurso «para ganar el tiempo suficiente para poder acometer la expropiación en tiempo y forma», pero el responsable político de esta operación, Javier López Estrada, entonces concejal de Obras y ahora alcalde, «no ha mostrado ningún tipo de diligencia ni interés por llevar a cabo este acuerdo plenario de expropiación» de febrero de 2018.
«Si el proceso de expropiación no se hubiese paralizado políticamente, en contra de lo manifestado por el pleno, en estos momentos estos terrenos ya serían de propiedad municipal», ha afirmado ACPT. Sin embargo, acusan a López Estrada de «decantarse siempre por la postura de la empresa», como si fuese «un consejero más de la misma» y no ser partidario de ejercer el derecho a la expropiación. A este respecto, apuntan que Sniace aboga por ceder estos terrenos al Ayuntamiento «a cambio de una serie de recalificaciones en su excedente de suelo industrial convirtiéndolo en suelo terciario», lo que según esta formación «permitiría la construcción de un gran centro comercial».
Por el contrario, el primer teniente de alcalde y concejal de Obras, José Manuel Cruz Viadero, es «optimista» y, aunque Sniace «tiene la última palabra», no cree que haya riesgo de que ejerza su derecho al desahucio y confía en su «buena voluntad». Según ha dicho, se sigue dialogando con Sniace a la búsqueda de un acuerdo que permita que los terrenos deportivos pasen a ser propiedad municipal.