La Asamblea en Defensa de Las Excavadas volverá a acudir a los tribunales para reclamar la caducidad y nulidad del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) de Las Excavadas. La plataforma ha anunciado que presentará un nuevo recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), después de que la Administración no respondiera a la solicitud que registró el 2 de diciembre de 2024.
En aquel escrito, la organización reclamaba la nulidad de pleno derecho por caducidad del expediente y la consiguiente pérdida de eficacia de la Declaración de Interés Regional, así como la anulación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica y de la aprobación inicial del PSIR.

El nuevo recurso se dirigirá contra la desestimación por silencio administrativo de aquella petición. La Asamblea ha explicado que mantiene los mismos argumentos jurídicos que en el procedimiento anterior, que tuvo que retirar por cuestiones estrictamente procesales.
El principal argumento de la plataforma se centra en los plazos máximos establecidos por la normativa para la evaluación de impacto ambiental. La Asamblea sostiene que SICAN, promotora del proyecto, ha incumplido de forma reiterada esos límites durante la tramitación del expediente.
La organización asegura que los retrasos acumulados se prolongan durante meses y considera que constituyen un motivo suficiente para reclamar la caducidad del procedimiento.
«Cuando hablamos de plazos, si a ti te dicen tres meses, no son 92 días, son 90. En este caso estamos ante un expediente que incumple los plazos, pero no por dos días, no por tres días, no por una semana, sino por meses», ha señalado el portavoz de la plataforma, Alejandro Pérez.
La Asamblea sostiene que las fechas del expediente permiten comprobar esos incumplimientos y considera que la tramitación no puede continuar manteniendo su eficacia. Será, en cualquier caso, la jurisdicción contencioso-administrativa la que deba determinar si las irregularidades denunciadas justifican la caducidad y nulidad que reclama la organización.
La plataforma también ha cuestionado los recientes anuncios sobre la reactivación de Las Excavadas, que considera un ejemplo de recuperación recurrente de proyectos anteriores ante la falta de nuevas propuestas para el futuro de la comarca.
En este sentido, critican que se rescaten «viejos expedientes y macroproyectos» con el objetivo de «alimentar titulares vacíos y proyectar falsas expectativas», ha dicho Pérez. También se ha referido a la denominación de polígono Bisalia que se está utilizando últimamente para aludir a la actuación.
La Asamblea cuestiona igualmente el empleo de la figura del PSIR, concebida para actuaciones extraordinarias y de interés estratégico. A su juicio, este instrumento urbanístico se está utilizando como un mecanismo para sortear el planeamiento municipal, limitar la autonomía local e impulsar proyectos al margen de la participación ciudadana y del debate social.
Otro de los aspectos denunciados por la organización es que sean las propias plataformas ciudadanas las que tengan que asumir los costes y el trabajo de fiscalización de la tramitación del proyecto, una tarea que consideran responsabilidad de la Administración y de los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la normativa urbanística y ambiental.
La Asamblea mantiene su oposición al PSIR de Las Excavadas y asegura que continuará utilizando la vía judicial para intentar frenar su desarrollo. La organización considera que el expediente está caducado y reclama que los tribunales se pronuncien sobre la validez de toda su tramitación.
