El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Torrelavega contra la sentencia que declaró vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical en el procedimiento relativo a la mejora de las condiciones laborales de la Policía Local.
El sindicato APLC ha señalado que la resolución confirma que no existió una negociación efectiva en los términos legalmente exigibles y condena nuevamente al Ayuntamiento al pago de 1.000 euros en costas judiciales, que se suman a las impuestas en primera instancia.
Desde APLC denuncian que la Concejalía de Personal “ha optado por una forma de gestionar las relaciones laborales basada en negociar con una sola organización sindical”, dejando fuera al resto de representantes de los trabajadores, incluso cuando las decisiones afectan directamente a sus condiciones laborales.
En su opinión, la negociación colectiva no puede convertirse en un procedimiento a la carta ni depender de qué sindicato resulte más cómodo para los intereses del equipo de Gobierno. La administración, afirman, debe respetar la representatividad sindical y garantizar que cada asunto se negocie con las organizaciones que legalmente tienen derecho a participar.
“Tanto el PRC como el PSOE estaban advertidos de las consecuencias de actuar al margen de las garantías de la negociación colectiva y, aun así, hicieron caso omiso de esas advertencias”, apunta el sindicato, y “el resultado vuelve a ser un pronunciamiento judicial desfavorable al Ayuntamiento y una factura que termina pagando toda la ciudadanía”.
Así, recuerdan que esta nueva resolución se suma a otros pronunciamientos judiciales contrarios a decisiones municipales relacionadas con la Policía Local. Una sucesión de conflictos que creen que debería hacer reflexionar a la Concejalía de Personal y al equipo de Gobierno sobre su manera de gestionar las relaciones laborales.
APLC reconoce que la sentencia no supone la aprobación automática de una mejora económica, pero entienden que sí confirma que deben respetarse los derechos fundamentales y las garantías legales de la negociación colectiva.
Por ello, exigen a la Concejalía de Personal, que dirige la socialista Laura Romano, y al equipo de Gobierno PRC-PSOE que abandonen la confrontación, cumplan las resoluciones judiciales y garanticen una negociación real, sin exclusiones contrarias a Derecho.
“Los derechos de los trabajadores no son opcionales, las advertencias no pueden ignorarse y el dinero público no debe utilizarse para prolongar conflictos que pueden resolverse mediante el diálogo y el cumplimiento de la ley”, concluye el sindicato.