El Grupo Socialista exigirá a partir de ahora en cada comisión informativa y en cada órgano municipal que el equipo de Gobierno del PP cumpla los acuerdos y decisiones plenarias. La portavoz socialista, Blanca Rosa Gómez Morante, ha dicho que el alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, debe entender que «los plenos no son una reunión más», sino que las decisiones que en ellos toma la Corporación «son de obligado cumplimiento», aunque no coincidan con las posturas del PP.
Gómez Morante ha asegurado que la actitud que está manteniendo Calderón, al no dar cumplimiento a los acuerdos plenarios, supone un «desprecio, no sólo a los grupos de la Corporación, sino a la ciudadanía de Torrelavega», porque esas decisiones se refieren a los «graves problemas que tiene la ciudad».
Entre las exigencias que el PSOE plantea al alcalde está la elaboración de «un Plan de Empleo Serio». A su juicio, Torrelavega no puede seguir generando diariamente sólo noticias que hablan de aumento del paro, sino que tiene que poner los medios para luchar contra esta grava situación. La portavoz socialista ha recordado a Calderón que fue uno de sus primeros compromisos de legislatura, la redacción de un Plan de Empleo, pero mientras en otros municipios, muchos de ellos gobernados también por el PP, se han articulado medidas de lucha contra el paro, en Torrelavega no hay una propuesta «seria».
También ha repasado Gómez Morante algunas de las otras cuestiones «incumplidas por el alcalde», que ya manifestó en el pleno de este martes. Se refirió a la convocatoria de una comisión extraordinaria de Medio Ambiente para tratar el problema de los vecinos de Lasaga Larreta afectados por el transformador de Eon, acordada por unanimidad de la Corporación en noviembre a instancias de una moción socialista. Igualmente ha recordado el compromiso del alcalde de solucionar los problemas de filtraciones que sufren desde hace más de un año los vecinos de La Turbera.
Otras mociones pendientes, ha apuntado Gómez Morante, son las dos aprobadas en el pleno de enero: la relativa a la situación y el apoyo a Sniace, y la de medidas contra las entidades bancarias que realizan desahucios y ayudas a las víctimas de los desalojos.