El grupo municipal del PRC, a través de su concejal Pedro Pérez Noriega, ha pedido al alcalde, Ildefonso Calderón, que certifique si la decisión adoptada por el equipo de gobierno, de forma «unilateral y sin consensuar», de iniciar el expediente de rescisión del contrato con el equipo redactor del PGOU (Prointec) se ha adoptado en base a un informe jurídico o se ha adoptado sin tener en cuenta las posibles consecuencias tanto económicas como de plazos que dicha decisión puede tener para el Ayuntamiento y para Torrelavega.
Según ha explicado Pérez Noriega, la respuesta dada por el concejal de Urbanismo, Fernández Berjano, a una instancia registrada por el grupo regionalista hace casi dos meses en la que se solicitaba al equipo de gobierno una serie de aclaraciones sobre las consecuencias que puede tener la rescisión del contrato (un informe jurídico sobre el coste económico que puede suponer la rescisión del contrato en caso de que el equipo redactor acuda a los tribunales y gane el litigio; qué plazo se estima en caso de litigio para tener una sentencia; opciones legales del ayuntamiento para salvaguardar sus intereses; o cuando es posible iniciar los trámites para la contratación de un nuevo equipo redactor) hace sospechar que el alcalde ha tomado esa decisión «tan drástica» sin el aval de un informe jurídico y eso, ha afirmado el concejal regionalista, evidenciaría una «falta de responsabilidad» por su parte.
Estas dudas surgen, ha dicho el concejal regionalista, al referirse Berjano en su respuesta a que la petición de un informe jurídico es competencia del alcalde o de un tercio de los miembros de la Corporación, cuando lo que pide el PRC es un informe que consideran debe ser previo a la adopción de cualquier decisión.
En opinión de Pérez Noriega, las respuestas de Fernández Berjano son «vagas, no delimitan el alcance de la decisión» y denotan la «improvisación y la falta de cuidado» con la que está actuando el equipo de gobierno popular en un tema tan importante para el futuro de la ciudad como es la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.
«Es incomprensible e inaceptable», ha dicho el concejal regionalista, que se diga por parte del responsable de Urbanismo que es sumamente difícil, por no decir imposible de adivinar cuál puede ser el montante económico que puede suponer para el ayuntamiento la resolución del contrato, o que a la pregunta sobre los plazos y posibles retrasos que puede suponer esta decisión reitere que es imposible de adivinar. Los regionalistas, ha insistido Pérez Noriega, consideramos que una decisión como el inicio del expediente de rescisión debe adoptarse en base a unos informes que, entre otros aspectos, aborden las posibles consecuencias de la misma. Por ello, ha añadido, pedimos a Calderón Ciriza que aclare esta situación que para el PRC está fuera de toda lógica y que no va a generar beneficios y sí perjuicios para la ciudad. Torrelavega necesita, ha reiterado Pérez Noriega, un Plan General que dinamice, que establezca que ciudad queremos y no decisiones que suponen pérdidas de tiempo y de dinero público.
Ante la vaguedad del escrito del concejal de Urbanismo, Pérez Noriega ha anunciado que su grupo solicitará al alcalde, Ildefonso Calderón, que confirme la existencia o no de dicho informe jurídico; en caso de que no exista que se solicite su redacción de forma inmediata; y que se confirme en qué fase se puede iniciar los trámites para la contratación de un nuevo equipo redactor y si en concreto hay que esperar a la decisión del Pleno o si es preciso esperar a una resolución de un posible recurso en los Tribunales por parte del actual equipo redactor.