El PP espera que en próximas convocatorias del «ticket social» el Gobierno de Cantabria considere a Torrelavega «realmente como preferente» y aumente la dotación económica, atendiendo a la situación social que vive la ciudad. La cantidad consignada este año, 120.000 euros, va a ser «totalmente insuficiente» y el Ayuntamiento tendrá que aumentar esa cantidad en casi el doble, 200.000 euros, para poder llegar a todos los solicitantes que se esperan, explican los populares.
«Se esperan unos 600 solicitantes y con la ayuda del Gobierno de Cantabria solo llegaríamos a unos 300», ha dicho la concejal del PP Berta Pacheco. En próximas convocatorias, «si realmente el Gobierno de Cantabria nos considera un municipio preferente nos debería de dar un tratamiento específico acorde a la situación social que vive nuestra ciudad», ha afirmado.
A pesar de todo, el PP considera que «es una buena noticia» el acuerdo alcanzado por todos los grupos políticos de la Corporación, que permitirá acoger a este programa cerca de 600 familias torrelaveguenses «que pasan por un delicado momento».
El ticket social es una de las actuaciones del plan de emergencia social del Gobierno de Cantabria para personas y familias en riesgo de exclusión social. Estos vales están destinados a la adquisición de alimentos perecederos (verdura, fruta, pescado, carne…), alimentación infantil y pañales, y productos de aseo personal y limpieza doméstica. Con este «ticket» se persigue «dignificar» el acceso a productos básicos y de primera necesidad a través de mecanismos lo menos estigmatizantes posibles.
Pacheco cree que el Gobierno de Cantabria «se tiene que plantear, una vez revisados los datos de esta edición, el aumento de las partidas de este programa», porque «la situación social de la ciudad requiere una implicación de la administración autonómica más importante». La «falta de implicación», ha subrayado, «supone que sea el Ayuntamiento el que tiene que destinar recursos propios para poder llegar a todos los demandantes».
Según ha dicho, el PP trabajará para que el Gobierno de Cantabria «vea y trate a nuestra ciudad con la dimensión que realmente tiene este problema, con un compromiso real y efectivo con los más vulnerables», incluyendo en la ayuda a «esas más de 300 familias» de las que ha tenido que hacerse cargo el Ayuntamiento.