El Fondo Social de Viviendas promovido por el Gobierno de España sólo pondrá en Torrelavega 8 viviendas a disposición de las víctimas de desahucios bancarios. En concreto serán 5 viviendas desalojadas por Liberbank, 2 de BBVA y 1 de Banesto. El Fondo, en el conjunto de Cantabria, ofrecerá 30 viviendas, y un total de 6.000 en España.
La adhesión del Ayuntamiento de Torrelavega al convenio para la creación de un Fondo Social de Viviendas –suscrito por la Federación Española de Municipios, los ministerios de Economía, de Sanidad y de Fomento, el Banco de España, entidades financieras y la Plataforma del Tercer Sector- ha sido uno de los puntos de mayor debate en el pleno ordinario celebrado este martes. Aprobado finalmente con los votos a favor de PP, PRC y ACPT, y la abstención del PSOE.
El concejal de Servicios Sociales, Higinio Priede, ha dicho que el convenio es sin duda «incompleto» e «insuficiente» pero «es un paso más». Priede ha defendido que no sólo el impago de hipotecas está provocando desahucios, también hay familias que se han quedado sin casa por no poder hacer frente a los alquileres, y hay que darles soluciones.
El concejal ha afirmado que los desahucios no son algo nuevo, «vienen de 2007, cuando gobernaban los socialistas», para responder a las críticas del PSOE. Su portavoz, Lidia Ruiz, ha mostrado la «extrañeza» porque se pida la aprobación de este convenio «raquítico, frívolo y trivial», cuando en enero se aprobó, aunque con el voto en contra del PP, otro más amplio.
Ruiz ha criticado que con este convenio el Ayuntamiento, «a instancias de las entidades bancarias» realizará los informes sobre los desahuciados que cumplen las «restrictivas» condiciones para acceder al fondo, pero luego será el banco el que «elija» a las familias que tendrán vivienda. Unas viviendas ha recordado, también elegidas por la entidad entre las de más difícil venta y, por tanto, «las peores».
El PRC también ha calificado el convenio de «limitado». La concejal Juncal Herreros ha dicho que 6.000 viviendas son «migajas» dada la situación actual y el número de desahucios que se producen, incidiendo también que las que pasarán al fondo serán las casas que las entidades no quieran. Herreros igualmente ha preguntado al concejal, si este convenio le parece insuficiente, por qué no votó a favor del anterior, que era más completo.
Por su parte, ACPT ha dicho que es un convenio «tímido» aunque bienintencionado, también se ha preguntado por qué el PP no apoyó la moción presentada en enero. Su portavoz, Esther García, ha reclamado además que se informe si «se han tomado medidas para que esa moción, aprobada en pleno, por 15 de los 25 miembros de la Corporación, no se quede en papel mojado».
A pesar de sus críticas, tanto ACPT como PRC votaron a favor porque si este convenio sirve para solucionar un solo caso deben apoyarlo, con el mismo argumento el PSOE justificó su abstención.