El equipo de Gobierno del PP ha anunciado su decisión de rescindir el contrato con el equipo redactor de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega y sacar a concurso de nuevo la elaboración del documento. El Ayuntamiento firmó en 2005 el contrato de redacción con la empresa Prointec, por importe de 800.000 euros, de los que ya ha abonado 300.000. El proceso de rescisión y nueva adjudicación supondrá, en el mejor de los casos, un retraso de al menos seis meses, hasta que el nuevo equipo redactor retome el trabajo de revisión del Plan General.
El concejal de Urbanismo, Alejandro Fernández Berjano, ha afirmado que, en principio, la decisión no supondrá una penalización económica para las arcas municipales. Se toma, ha explicado, por los retrasos en la redacción del documento, que según el contrato debiera haber estado concluido en 2008 y hasta el momento la empresa «sólo ha hecho tres de las siete fases previstas». Según ha dicho, el último trabajo presentado por el equipo redactor fue el avance que se dio a conocer en 2010.
Además, entre la empresa y el Ayuntamiento se ha producido un desacuerdo económico, ya que Prointec reclama al Consistorio un aumento de la cuantía inicial. La contratación se realizó en 2005 por un importe de 800.000 euros, de los que el Ayuntamiento ya ha abonado 300.000. La empresa argumenta que los cambios normativos introducidos tras la firma del contrato -el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y la nueva directiva medioambiental- cambian las condiciones de la adjudicación y suponen un encarecimiento del trabajo.
«El equipo de Gobierno considera que no se puede esperar más», ha afirmado Fernández Berjano. Por ese motivo, y tras el informe favorable del secretario municipal, ha decidido rescindir el contrato y proceder a una nueva adjudicación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Tras comunicar la decisión a Prointec, la empresa tendrá un plazo de diez días para presentar alegaciones, y posteriormente puede recurrir la decisión, en cuyo caso será el Consejo de Estado el que tendría la última palabra.
Si todo el proceso es favorable a los intereses del Ayuntamiento, el nuevo equipo redactor en ningún caso podría retomar los trabajos antes de medio año, aunque el concejal considera que «llevamos ya ocho años en este asunto» y por tanto el nuevo retraso no es tan importante.
El argumento del equipo de Gobierno para la rescisión será que el contrato tenía vigencia hasta 2008, por tanto expiró hace cuatro años. En cuanto a los cambios en las leyes del suelo que se produjeron en Cantabria a partir de 2006, y que según la empresa obligaron a rehacer parte de los trabajos, el concejal ha valorado que deberían haber sido previstos por el equipo redactor. Si la empresa recurre y el Consejo de Estado considera que no está justificada la rescisión el Ayuntamiento podría tener que hacer frente a una penalización.
En cuanto al nuevo proceso de adjudicación, Fernández Berjano ha señalado que los documentos ya realizados «tienen vigencia» y se puede «aprovechar bastante» del trabajo hecho y pagado, aunque ha matizado que serán los técnicos los que valoren en que situación está la revisión del PGOU. Tampoco ha precisado si ese trabajo ya realizado supondrá una rebaja en el precio de la nueva adjudicación o la rescisión encarecerá el coste final del planeamiento urbanístico.