ACPT ha presentado una moción al pleno, pidiendo al alcalde que encargue un estudio económico a los departamentos técnicos municipales correspondientes, en el que se valoren cuantitativamente las condiciones técnicas y económicas de una recuperación de la gestión del aparcamiento subterráneo de La Llama.
En la exposición de motivos, ACPT señala que convenio de explotación firmado en 2005, cuando se inauguró el aparcamiento de La Llama, por el entonces alcalde, Javier López Marcano, tenía en su cláusula 12 un «auténtico bombazo para la política de movilidad y el urbanismo» de Torrelavega. Una cláusula, señala esta formación que «está condicionando» el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que se ha presentado hace unos días y que debe regir el futuro de Torrelavega en los próximos años.
Según explican, la cláusula 12 del convenio, que tiene una duración de 50 años, «recoge que el Ayuntamiento debería indemnizar a SIEC -la empresa concesionaria- en el caso de habilitar o construir nuevas plazas de aparcamiento en nuestra ciudad, por considerarse este hecho un motivo de pérdida de negocio en la explotación de dicho aparcamiento subterráneo».
ACPT cuestiona que esa puede ser la explicación de que aparcamientos gratuitos disuasorios proyectados, como los de La Carmencita o El Ferial, «estén paralizados», incluso habiendo tenido el primero dotación presupuestaria; o por lo que «solo se ofrecen alternativas de aparcamiento que siempre son de pago», lo que parece ser «la solución para evitar seguir pagando ingentes cantidades de dinero a un empresario de Torrelavega, y a la vez, poder mantener un discurso de creación de plazas de aparcamiento».
Como han recordado, ya hay una sentencia firme que obligó al Ayuntamiento de Torrelavega a pagar 400.000 euros a SIEC y hay pendiente de conocer otra sentencia sobre una nueva demanda en la que «la empresa reclama más de dos millones de euros por los años 2015, 2016 y 2017».
A su juicio, la única solución a esta situación, «que además consideramos que debe ser inmediata» es «rescatar el aparcamiento subterráneo, pasando a ser de gestión pública». ACPT tiene el convencimiento de que el pago de la penalización por anular el convenio de explotación vigente «será infinitamente más rentable que asumir las multas periódicas que los juzgados nos impondrán año tras año hasta el 2055».
En cualquier caso, consideran que «al menos tenemos el derecho, además de la obligación, como concejales de esta Corporación, de conocer la viabilidad de todas las opciones que se puedan explorar en defensa de los intereses municipales» y por ese motivo han planteado la moción pidiendo un estudio de las condiciones para recuperar la gestión del parking de La Llama.