Los Servicios Sociales de Torrelavega viven una situación de ‘cierre técnico’, ante la baja laboral de cuatro de las seis trabajadoras sociales del departamento. Las trabajadoras sociales son las únicas que pueden informar los expedientes de solicitud de todas las ayudas que se tramitan y de servicios como teleasistencia o ayuda a domicilio, por lo que esta cascada de bajas ha provocado el colapso del departamento.
Ante esta situación, ACPT ha pedido hoy que el Gobierno de Cantabria intervenga y retire al Ayuntamiento la delación de Servicios Sociales, para que el ICASS asuma la gestión de todas las ayudas y servicios, ha explicado Iván Martínez. Como ha destacado, el Fondo de Emergencias tiene de plazo hasta el 31 de enero para gestionar solicitudes y todo indica que se perderá la práctica totalidad de los 250.000 euros de aportación regional, ya que apenas se han tramitado una decena de las más de 800 solicitudes presentadas.
La sede central de Servicios Sociales, en Baldomero Iglesias, no tiene en este momento ninguna trabajadora social, lo que impide que se tramite ningún tipo de ayuda. Una administrativa y las educadoras sociales reciben llamadas y recogen algunas citas, aunque informando a los usuarios de la imposibilidad de garantizar una fecha fija para que puedan ser atendidos.
En el caso de las sedes del Barrio Covadonga y La Inmobiliaria, están funcionando con una única trabajadora social cada una de ellas, lo que hace imposible atender todas las solicitudes de ayudas y servicios que llegan.
«Tan solo se está atendiendo a los vecinos y vecinas del Barrio Covadonga, Torres, Ganzo, Duález, La Inmobiliaria y Barreda; esto significa que los vecinos de toda la zona centro, Zapatón, Nueva Ciudad, Tanos, Sierrapando, Viérnoles, La Montaña y Campuzano estén sin posibilidad de ser asistidos por los Servicios Sociales», ha explicado Martínez. «Estamos hablando de que las dos terceras partes de Torrelavega no tienen garantizado su derecho a las coberturas sociales», ha recalcado.
Ante esta «situación tan grave» y siendo conscientes que una gran parte de la población de Torrelavega está «desasistida socialmente porque desde el Ayuntamiento no se es capaz de garantizar estos servicios», y que el Gobierno regional tiene que garantizar unos servicios sociales en igualdad de condiciones a toda la población de Cantabria, ACPT exige que el ICASS «asuma inmediatamente la gestión de los Servicios Sociales de nuestra ciudad garantizando los mismos a toda la población en unas condiciones dignas».
Para ACPT «es muy duro tener que pedir que el Gobierno de Cantabria asuma competencias municipales», pero «más duro es ver a diario la situación que están viviendo nuestros vecinos y vecinas y no hacer nada al respecto». La vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Rosa Eva Díaz Tezanos, como máxima responsable de garantizarlos a todos los cántabros, «tiene que actuar ya y no puede mantenerse al margen». «Estamos ante un hecho muy grave», ha insistido Martínez.
Esta formación responsabiliza «de forma directa» a la concejal de Servicios Sociales, la socialista Patricia Portilla, a la que acusan de «escurrir el bulto» y a la que piden por «decencia política» que presente su dimisión. Responsabilizan también al alcalde, el también socialista José Manuel Cruz Viadero, porque siendo «conocedor» de la situación en Servicios Sociales «ha preferido mirar a otro lado».