Asamblea Ciudadana por Torrelavega ha denunciado que la falta de inversiones en la Escuela Oficial de Idiomas está reduciendo cada curso la matrícula y dejando sin plaza a muchas personas. ACPT destaca que el principal problema es la falta de aulas, a pesar de que el edificio donde tiene su sede la EOI dispone de muchas clases vacías que sólo requerirían un acondicionamiento para volver a ser utilizadas.
El portavoz de ACPT en materia de Educación, Javier Polanco, ha explicado que la falta de plazas se produce sobre todo en el tramo horario de tarde, entre las 18.00 y las 21.00 horas, el más demandado por los estudiantes y trabajadores que acuden a la Escuela Oficial de Idiomas al terminar su jornada.
A su juicio, no es entendible que se esté privando a muchas personas de completar y mejorar su formación en idiomas cuando la solución es «fácil y barata», ya que no requiere construir un nuevo centro, sino aprovechar el actual, la antigua Escuela de Minas, acondicionando más aulas, tal y como «vienen demandando los profesionales» de la Escuela de Idiomas.
Para Asamblea Ciudadana este es sólo uno de los efectos del «desplome de la inversión en educación y las medidas perpetradas por los gobiernos de Cantabria y España, orientadas a deteriorar y privatizar la enseñanza pública y que están golpeando con dureza a la comunidad educativa de nuestra ciudad».
Otras consecuencias de esos recortes, ha apuntado Polanco, son el cierre del Centro de Profesores de Viérnoles, la reducción de maestros en las aulas de dos años y el recorte de su financiación, «que tendrá que asumir nuestro ayuntamiento», o casos como el del IES Garcilaso de la Vega, donde hace unos días el AMPA denunciaba que la reticencia de la Consejería de Educación a invertir unos 12.000 euros para ampliar el taller de tecnología está «poniendo en riesgo la seguridad de los alumnos».
También ha recordado los recortes en becas, el aumento de los precios de las matrículas universitarias, la disminución de las plantillas de docentes, la falta de inversiones en mejora y mantenimiento de centros o la imposición de la LOMCE, a pesar del rechazo que la nueva ley educativa está generando en buena parte de la sociedad.