Asamblea Ciudadana por Torrelavega ha reclamado al alcalde, Ildefonso Calderón, que ejerza la labor que le corresponde y defienda el mantenimiento de los servicios a los viajeros en la estación de Renfe y la seguridad en esa instalación, que a su juicio pasa por la eliminación de las mercancías peligrosas.
La portavoz de ACPT, Esther García, ha exigido a Calderón que reivindique «de inmediato las viejas cuestiones pendientes» en torno a la estación de Tanos, empezando por la «supresión de cualquier tipo de movimiento de materias peligrosas en la terminal de mercancías de Torrelavega y la implementación de medidas y protocolos tendentes a garantizar la seguridad de la estación y la alerta a la población en caso de emergencia».
En cuanto al servicio a los usuarios, reclaman la «dotación suficiente de la estación de Torrelavega, incluyendo los servicios de cafetería, atención al viajero, atención a las personas con discapacidad, etc.», en Tanos, así como la «protección y rehabilitación» como estación del apeadero de Sierrapando.
Para ACPT es necesario potenciar a nivel regional las medidas tendentes a incrementar el número de viajeros y fortalecer la posición del ferrocarril como una alternativa viable de transporte público sostenible. Por eso piden que se suprima «la última e injustificada subida del 6% en el precio de las tarifas de cercanías y media distancia», que se haga la integración tarifaria con la Tarjeta de Transporte Cantabria, que se duplique la vía entre Los Corrales de Buelna y Santander, y que se aumenten las frecuencias de cercanías, media y larga distancia.
Según Esther García, la supresión de trenes regionales presentada por RENFE es «inaceptable» y se trata de una medida que entorpece las comunicaciones, dificulta la llegada de potenciales visitantes y «por tanto restringe la movilidad de nuestros vecinos y perjudica a nuestro comercio.
A su juicio, esta medid no es casual, sino que «se enmarca en una estrategia muy clara de privatización del ferrocarril, consistente en primer lugar en la devaluación de la calidad del servicio ferroviario, trasladando viajeros del servicio público a la alternativa privada (ALSA) para proceder finalmente a la privatización de Renfe, que tendrá como consecuencia directa, como ocurre en otros países europeos, la supresión de más kilómetros de ferrocarril, el cierre de estaciones e incremento importante de tarifas».