La dirección de Solvay se ha comprometido a negociar con los representantes sindicales los recortes y despidos que sean necesarios en las contratas de la planta de Barreda. Ese compromiso se plasmará en la creación de un grupo de trabajo que estudiará el impacto del «céntimo verde» en la factoría torrelaveguense y después analizará con los sindicatos de la Solvay y de las contratas los ajustes necesarios para hacer frente a sus efectos.
La nueva fiscalidad energética puede suponer para Solvay un impacto económico de unos 17 millones de euros al año y un encarecimiento en torno al 20% de los costes generales de la planta. En la reunión mantenida este martes con el comité de empresa, la dirección ha asegurado que no contempla despidos ni rebajas salariales en la plantilla propia, pero si una reducción de servicios en las contratas, lo que ha reconocido conllevará pérdida de puestos de trabajo.
Aunque los representantes sindicales coinciden en considerar un error que el grupo químico pretenda compensar el impacto económico negativo del «céntimo verde» con ajustes de personal, al menos, destacan, han conseguido el compromiso de que cualquier decisión en este sentido sea previamente valorada y negociada.
En la reunión, todos los sindicatos con representación en la planta (UGT, CCOO y USO) advirtieron a la empresa que convocarían movilizaciones si Solvay continuaba «aprovechando los nefastos efectos» del «céntimo verde» para «despedir trabajadores y precarizar los derechos laborales».
La dirección de Solvay ha anunciado también la puesta en marcha en la planta de Barreda de un proyecto piloto de «excelencia de producción» para mejorar la eficiencia energética, reducir el impacto del «céntimo verde» y mejorar la competitividad.
Este plan, que se desarrollará en el periodo 2013-2015, estudiará fórmulas para reducir el consumo de energía y de vapor, así como para mejorar la venta de los excedentes eléctricos, y una vez experimentado en la fábrica cántabra se implantará en otras plantas del Grupo Solvay.