El grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados ha pedido explicaciones sobre la falta de consenso entre los gobiernos central y regional a la hora de decidir la futura ubicación de la depuradora de Vuelta Ostrera. En su iniciativa, C’s solicita también al Gobierno de la Nación que explique si piensa replantear la localización de la depuradora y llegar a un acuerdo con el Ejecutivo cántabro.
El diputado nacional de Ciudadanos, Félix Álvarez, ha registrado una pregunta con la que pretende conocer qué criterios han primado en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a la hora de elegir de elegir la ubicación de la nueva depuradora.
El pasado 13 de octubre, el Ministerio licitó en 687.940 euros la redacción del anteproyecto y el estudio de impacto medio ambiental para la construcción de la nueva depuradora, que llevará por nombre Vuelta Ostrera 2 y que tendrá un coste de 87 millones de euros. Este importe podría variar entre los 53 y 111 millones de euros dependiendo de su ubicación y características.
Según el informe que tiene en su poder la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, la ubicación favorita para la instalación de la depuradora es el denominado «Matadero», que se encuentra en Barreda; y en segunda lugar un terreno en Requejada.
Ciudadanos recuerda que hace tres años el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente encargó un informe con las posibles ubicaciones donde instalar la nueva depuradora. Suances, Miengo, Requejada y Barreda fueron las cuatro localidades donde se estudiaron los seis posibles enclaves que se sometieron a estudio, otorgando la mayor puntuación a una ladera que se encuentra ubicada en terrenos de pasto de ganado y a tan solo 300 metros de la actual depuradora. «Según este informe, la construcción de la depuradora en esta ladera supondrá un impacto moderado ya que será necesario realizar un desmonte significativo», recalcó Félix Álvarez.
Por otro lado, Ciudadanos señala que el Gobierno de Cantabria, a través de otro informe técnico encargado por la Dirección General de Medio Ambiente, y que fue enviado este verano al Ministerio, desaprueba la alternativa preferida por el informe que obra en poder de la ministra Isabel García Tejerina, advirtiendo de que existen «hechos objetivos desfavorables para esta localización y un «gran impacto visual y paisajístico».
El diputado nacional subrayó que el informe realizado por los técnicos autonómicos explica que «existe un potencial riesgo natural de movimientos por la pendiente y la fuerte exposición a los agentes erosivos, mostrando un ámbito poco adecuado para este uso». También indican que «supone un impacto sobre el espíritu del Plan de Ordenación del Litoral (POL)», por lo que «no sería lo más apropiado para los caracteres ambientales que se quieren conservar». Álvarez incide en que además el estudio de los técnicos cántabros recoge objeciones paisajísticas, ya que la ubicación elegida por el Ministerio se sitúa en «una escena con una alta visibilidad», donde «el impacto paisajístico y visual sería muy alto porque la pendiente obligaría a abrir un gran hueco en forma de prisma sobre la ladera».
Según el informe de los técnicos encargado por el Gobierno de Cantabria, el estudio que aconseja al Ministerio parece otorgar «más peso» a los aspectos ambientales y territoriales que a los técnicos y económicos, concluyendo que «si una opción algo más costosa permite que puedan preservarse las condiciones ecológicas de otras partes más valiosas para el territorio, entonces deberá decantarse por la que menos repercuta sobre el sistema ambiental».
La depuradora de Vuelta Ostrera», en Suances, es el principal engranaje medio ambiental del Plan Saja-Besaya, un proyecto que se aprobó en el año 2001, de 145 millones de euros de inversión total, y que comprometía, además de la depuradora, la instalación de 82 kilómetros de colectores, 12 estaciones de bombeo y un emisario submarino que debía enviar los vertidos, ya tratados, a tres kilómetros de la costa. El coste de la depuradora ascendió a 24 millones de euros. En el año 2006, con la depuradora ya construida, y tras varias denuncias de grupos ecologistas, un juez ordenó el derribo de la instalación por encontrarse en suelo de dominio público marítimo-terrestre, dándose un plazo de siete años para habilitar una solución. La depuradora entró en funcionamiento de forma temporal en 2007, y en 2013 el Tribunal Supremo otorgó un plazo de otros siete años para construir una nueva depuradora.