El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que los presupuestos generales del Estado remitidos hoy al Congreso de los Diputados «no cumplen las expectativas» creadas en la Comunidad Autónoma y se ha preguntado «dónde está la lluvia de millones» prometida por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien en un foro público celebrado el pasado mes de enero en Santander se comprometió a «movilizar» 3.200 millones este año en la región.
Revilla ha destacado que los 230 millones consignados en las cuentas oficiales del Ministerio y las sociedades dependientes de él representan apenas el 7% de esa cantidad, por lo que ha confiado en que el ministro «explique sin demora a los cántabros qué ha ocurrido y qué va a pasar con todos los proyectos prometidos».
En este sentido, y a falta de un estudio más pormenorizado del documento conocido esta mañana, ha detallado que aun sumando las proyecciones plurianuales, que cuantifican inversiones hasta 2021, la cifra resultante apenas supera los 610 millones en 4 años, «muy lejos de los 3.200 anunciados solo para 2018».
«Mucho me temo que estamos ante un nuevo engaño y ya van demasiados», ha lamentado Revilla.
De hecho, considera «muy poco probable» que Fomento ejecute en este ejercicio más de 48 millones, los 30 consignados para el enlace Sierrapando-Barreda y los 18 previstos para el acceso al puerto desde la A-67, ya que a día de hoy son los únicos proyectos adjudicados.
También ha calificado como «muy insuficiente» la inclusión de sólo 22 millones para la financiación de Valdecilla, sobre todo después del impago de las anualidades correspondientes a 2016 y 2017 y cuando este año el Estado «debería comenzar a cumplir el compromiso asumido por Mariano Rajoy para aportar 100 millones adicionales al hospital».
Por el contrario, ha valorado la consignación de 4 millones para la comarca del Besaya, dentro del programa de reconversión y reindustrialización, aunque ha recordado que «llega con bastante retraso» y después de que él mismo haya reiterado esta petición por todos los cauces a su alcance desde su encuentro con Rajoy en noviembre de 2015.
Finalmente, ha mostrado su preocupación por la «escasa» consignación destinada a financiar las políticas de atención a la dependencia, cuyo coste recae en su mayor parte en las Comunidades Autónomas, cuando el Estado «debería asumir al menos el 50%».