El Grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Piélagos ha presentado para su debate en el Pleno una batería de propuestas para evitar los desahucios y tratar de paliar el daño a las familias del municipio que han sido desalojadas. Entre esas medidas, proponen crear un protocolo para que los servicios sociales municipales actúen en caso de que se produzca algún desahucio en el municipio y reducir al máximo la cuota tributaria del impuesto de plusvalía para las personas que sufran la pérdida de su vivienda.
Además, el PSOE propone que los servicios sociales medien ante el juez para solicitar la suspensión del desahucio cuando éste afecte a la vivienda única y habitual y que el Gobierno Local niegue la colaboración de la Policía Local en los procesos de desahucios salvo petición expresa del juez. Otras de las medidas para su debate este martes son que el Ayuntamiento no trabaje con los bancos que practiquen desahucios o instar a que las promociones de viviendas vacías propiedad de las entidades bancarias puedan formar parte de la oferta municipal de viviendas de alquiler.
El concejal socialista José Antonio Peña Cuartas ha afirmado que son «conscientes de las limitaciones para actuar desde el ámbito municipal», pero creen que «se pueden hacer cosas para ayudar a resolver este problema» y, por ello, piden al equipo de Gobierno «asumir la responsabilidad de actuar en la parte que nos toca» a los ayuntamientos.
«Creemos que los ayuntamientos deben ser las administraciones que más presionen para que se consiga el auténtico objetivo: que se modifique de forma contundente la legislación hipotecaria, que medien con las entidades bancarias para que haya dación en pago y alquileres sociales, aunque esta sea una obligación de la Comunidad Autónoma o que se dé publicidad a los bancos que estén manteniendo un comportamiento positivo ante este drama de desahucios», ha señalado Peña Cuartas.
La moción presentada por el PSOE también insta al Gobierno de Cantabria a que ponga en marcha el servicio de Mediación Hipotecaria y refuerce su apuesta por la política de alquiler social como medida paliativa de cara a las familias que se vean expulsadas de su vivienda habitual, y al Gobierno de España y a todas las instituciones, organizaciones, agentes sociales, a frenar los desahucios, promoviendo un cambio de legislación hipotecaria y una paralización de todos los procesos de desahucios que afecten a la vivienda habitual en casos de insolvencia sobrevenida hasta que no se materialice la entrada en vigor de la nueva ley por el procedimiento de urgencia.
«Consideramos imprescindible un pronunciamiento de todos los grupos políticos, rebelándonos ante una situación que consideramos injusta e insostenible», ha concluido el concejal socialista, recordando que tan sólo en el tercer trimestre de 2012, los juzgados de Santander ordenaron 343 desahucios.