El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Arsuaga Cortázar, celebró la creación de cuatro nuevas plazas judiciales para el territorio, si bien pidió nueve plazas más, una necesidad que “no es caprichosa” y que “atiende a un criterio racional”, porque “en todos los casos se supera el indicador o módulo de ingreso de asuntos”.
Durante su intervención con motivo del acto de apertura del año judicial 2026/2027 en Cantabria, Arsuaga se refirió al “sobreesfuerzo” de los miembros de la carrera judicial para sacar adelante un número de asuntos igual al que registraron durante 2025 y un cuatro por ciento más, y añadió que “ni siquiera ese sobreesfuerzo sirve para eliminar retrasos y dilaciones que resultan inasumibles”.
Arsuaga solicitó también una solución para los edificios judiciales de Santander, donde “el espacio se ha agotado”, y Laredo, donde se trabaja “en un disfuncional edificio, ajeno ya a las exigencias de un servicio público moderno”.
“En ambos casos creemos necesario un diagnóstico y una solución”, señaló el presidente del Tribunal Superior, que pidió al ejecutivo regional “compromiso y altura de miras para preservar que la potestad institucional, el ejercicio de un poder del Estado, se desarrolle en correspondencia a la dignidad de la función”.
También demandó una solución al funcionamiento de los equipos psicosociales de Cantabria, cuya labor pericial “se revela esencial, por carecer el juez de los conocimientos técnicos o científicos precisos para resolver”.
Sin embargo, explicó que el tiempo de emisión de sus informes en ocasiones supera el año, lo que “es un problema que se arrastra, que se generaliza por todo el territorio nacional y que con el tiempo se ha agudizado en Cantabria”.
“Necesitamos una solución que permita asegurar la debida tutela judicial en tiempo razonable y el cumplimiento de los principios de interés y protección del menor”, añadió.
Finalmente, el presidente de Tribunal Superior tuvo palabras para la actual coyuntura. “Vivimos en un difícil momento de polarización en el que cuatro o cinco asuntos crean la percepción ciudadana”, manifestó.
Por eso, animó a jueces y magistrados a “esforzarnos en neutralizar, mediante un ejercicio de prudencia y si es el caso de contención, cualquier atisbo de duda sobre nuestra imparcialidad; precisamente porque somos imparciales, debemos también parecerlo”.
“La imparcialidad conlleva atemperar nuestro comportamiento -durante el proceso, pero también en actos públicos o en las redes sociales- para evitar en todo momento que ofrezcamos una señal, una apariencia, aunque sea vaga, que pueda producir confusión y que siembre la duda sobre nuestra neutralidad”, señaló.
Al tiempo, Arsuaga también expresó su “asombro” por “cómo se nos descalifica con el fin de cuestionar nuestra autoridad, con el fin aparente de buscar el descrédito social, de socavar en suma la necesaria confianza de los ciudadanos en los tribunales”.
Y añadió que “resulta igual de lacerante la opinión que trata de asentarse sobre los propios cimientos de la profesión judicial mediante la acusación de ser eminentemente masculina, endogámica, socialmente privilegiada y asentada en un déficit de formación democrática”.
Frente a esa opinión, ofreció datos: sólo el 7 por ciento de los miembros de la carrera judicial procede de ámbitos familiares relacionados con la judicatura; el 74 por ciento no tiene en su familia ningún miembro que pertenezca a ninguna profesión jurídica; casi el 60 por ciento de la carrera está compuesta por mujeres, y no llega al 1 por ciento los jueces que pudieron trabajar antes de la Constitución.
Durante el acto de apertura del año judicial tomó la palabra el fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga, que repasó los principales datos que recoge la Memoria Fiscal, y se entregaron unas distinciones a cuatro magistrados.
A Pablo Rueda y a José Hoya, magistrados que durante el pasado año se jubilaron después de varias décadas de ejercicio profesional en Cantabria. De ellos, Arsuaga reconoció “un desempeño particularmente eficaz” porque “ambos han conseguido siempre tener el juzgado al día”.
Y también a José Ignacio López Cárcamo y a María Eugenia Fraile, magistrados que el pasado año cumplieron veinticinco años de ejercicio profesional y que accedieron a la carrera judicial a través del turno de juristas de reconocida competencia. “Los dos han enriquecido, con su bagaje previo, su ciencia y su comportamiento, la carrera judicial”, señaló el presidente.
Al acto de apertura del año judicial acudieron las principales autoridades de la región, así como representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los grupos parlamentarios, de la Universidad, de los Colegios Profesionales y de los Servicios Jurídicos.