La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha considerado de extrema gravedad las conclusiones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sobre el robo de información personal de la plataforma educativa Yedra y ha pedido el cese o la dimisión del consejero de Educación, Sergio Silva, como principal responsable de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.
“Estamos hablando de información personal de miles de docentes, familias y menores de edad que debía estar protegida por una Administración pública. No es un simple problema informativo sino un fallo de seguridad de enorme gravedad que exige explicaciones, transparencia y responsabilidades”, ha señalado Conchi Sánchez, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, que ha añadido que “los responsables públicos no pueden esconderse cuando lo que se ha comprometido es la seguridad y la privacidad de toda la comunidad educativa de Cantabria. No puede ser que solo se exijan responsabilidad cuando está en juego la integridad física de las personas”.
Desde la Federación han considerado que ahora más que nunca es necesario revisar las medidas de autenticación anunciadas por la Consejería de Educación para el próximo 1 de enero de 2027 y que ya denunció esta organización sindical hace algunas semanas. Unas medidas con las que se pretende que los aproximadamente 9.000 docentes accedan a Yedra mediante Cl@ve móvil, Cl@ve permanente y certificado electrónico personal.
“La Consejería debe explicar qué requerimiento concreto de la AEPD justifica esta decisión y qué análisis de riesgos y categorización de seguridad se ha realizado porque no tiene sentido obligar al profesorado a utilizar su teléfono personal para realizar tareas profesionales tan habituales como pasar lista, consultar una ficha o registrar calificaciones”, ha advertido Sánchez.
Por ello, la Federación propone que se estudien otras soluciones profesionales de autenticación que no dependan de dispositivos personales ni obliguen a instalar certificados privados en ordenadores compartidos.
“La seguridad de Yedra es una obligación de la Administración y no una responsabilidad que pueda descargar sobre cada docente. Necesitamos soluciones técnicas adecuadas que funciones en los centros y que garanticen la protección y la seguridad de la comunidad educativa”, ha concluido Sánchez.