UGT ha trasladado al presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), Pablo Diestro, sus propuestas para garantizar los derechos laborales, sociales y económicos de los cerca de 13.000 trabajadores que en la región prestan sus servicios en alguna empresa privada concesionaria de un servicio público.
Representantes de las federaciones de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) y de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP), plantearon las principales medidas que propone UGT para salvaguardar los derechos de los trabajadores de las empresas adjudicatarias de servicios concedidos por las administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos.
En los últimos años, explican, se ha incrementado la conflictividad laboral en las empresas concesionarias de servicios públicos porque para conseguir la concesión ofertan «presupuestos temerarios», muy por debajo del coste mínimo para cumplir con las obligaciones económicas y laborales de sus trabajadores.
UGT, que ya presentó sus propuestas a distintas consejerías del Gobierno de Cantabria, aclaró que el objetivo es incluir en los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas cláusulas específicas sobre el cumplimiento del convenio colectivo, pago de salarios, límites en los precios de adjudicación, valoración de ofertas temerarias, criterios de exclusión en caso de incumplimiento y garantías de subrogación de las plantillas.
Además, reclaman normas que prohíban la subcontratación y la creación de un comité que haga un seguimiento y control de la adjudicación, porque «los pliegos de condiciones pueden ser buenos pero de nada sirven si luego no se cumplen».
La delegación de UGT también presentó a Diestro su campaña para «humanizar y dignificar» al trabajador de la atención a la dependencia en Cantabria, porque «más que un trabajo, es una profesión que se merece el reconocimiento y el respeto de toda la sociedad».
La campaña se centrará en un estudio y una serie de propuestas concretas para mejorar la situación laboral de dos de las principales figuras profesionales de la atención a la dependencia, los gerocultores (auxiliares de geriatría) y los auxiliares de ayuda a domicilio.
En Cantabria había al término del primer trimestre de 2017 un total de 5.749 trabajadores de atención a la dependencia afiliados a la Seguridad Social, prestando servicios a más de 18.000 usuarios, de los que 4.400 son de residencias y otros 4.000 de ayuda a domicilio.
Por último, UGT propone que las aulas de dos años se centralicen en la Sociedad Regional Educación, Cultura y Deporte (SRECD), dependiente del Gobierno de Cantabria, para evitar desigualdades laborales y sociales que ahora sufren sus más de 200 trabajadores, algunos adscritos a los ayuntamientos, otros vinculados a empresas privadas y el resto ya incluidos en la mencionada sociedad.
La delegación de UGT que se entrevistó con Diestro estuvo integrada por José Giráldez, secretario de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo; su homólogo en la de Empleados de los Servicios Públicos, Luis Clemente (FeSP); Pedro Cobo, secretario Institucional y de Salud Laboral de FeSMC; Adolfo Vega, responsable regional de Administración Local del sindicato; y Sara Gutiérrez, responsable del sector de la Dependencia de la Comarca de Besaya.