El pleno ha aprobado este jueves por unanimidad destinar 250.000 euros a ayudas para sufragar gastos de suministro de energía e internet a personas en riesgo de exclusión social. También se aprobó una moción del PP de medidas contra la ocupación ilegal de viviendas, en este caso con el apoyo del PRC y Cs, la abstención de PSOE y Ts y el voto en contra de ACPT. Una segunda moción del PP, pidiendo una moratoria en la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones, se aprobado igualmente con el apoyo de todos los grupos de la Corporación, excepto el PSOE, que se ha abstenido.
En la sesión ordinaria celebrada hoy, se han aprobado las bases reguladoras y la convocatoria 2022 de ayudas sociales destinadas a sufragar gastos de suministro de energía e Internet de la vivienda habitual, en los que hayan incurrido las unidades familiares en situación o riesgo de exclusión social durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
El importe destinado a esta convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva es de 250.000 euros. A partir de ese momento se publicará la convocatoria y sus las bases reguladoras en el Boletín Oficial de Cantabria, tablón electrónico municipal, página web de Servicios Sociales, y en la base de datos nacional de subvenciones. Las solicitudes se podrán presentar en el plazo máximo de un mes, contado a partir del día siguiente al que aparezca publicado en el BOC el extracto de la convocatoria.
También se ha aprobado, con los votos a favor de PRC, PSOE, PP, Torrelavega Sí y Ciudadanos y la abstención de ACPT, la ampliación de plazo de duración de la Sociedad mixta ‘Gestión Medioambiental de Torrelavega S.A.’ (Gesmator) hasta el 27 de marzo de 2022 tal y como había solicitado Sociedad Regional de Medio Ambiente, Agua y Residuos de Cantabria S.A. (MARE). En dicho escrito se pide que, a la vista del próximo vencimiento del plazo de duración de la sociedad mixta municipal Gesmator S.A. el próximo día 27 de noviembre de 2022, y estando dicha sociedad MARE S.A. en trámites de asumir la futura gestión directa de las instalaciones de El Mazo, se proceda a prorrogar la vida de la citada sociedad mixta por un plazo de cuatro meses.
Por otro lado, dentro de la Comisión de Economía, Hacienda, Industria, Seguridad y Limpieza Viaria el Pleno ha aprobado por unanimidad las tarifas para el año 2022 de los servicios de transporte urbano de viajeros con vehículos de turismo en el municipio de Torrelavega, aplicables a tráficos exclusivamente comprendidos en el término municipal.
Las tarifas quedan establecidas en horario diurno (6.00 a 22,00 horas, excepto los sábados, domingos y festivos) con un servicio mínimo (1.544 metros) de 4,05 euros; la bajada de bandera 0,00 euros; kilómetro recorrido 0,98 euros y hora de espera 18,73 euros. La Tarifa 2, de horario nocturno (de 22.00 a 6.00 horas, sábados, domingos y festivos), tiene un servicio mínimo (1.544 metros) de 4,45 euros; bajada de bandera 0,00 euros; kilómetro recorrido 1,22 euros y hora de espera 24,92 euros
Asimismo, se ha aprobado con carácter definitivo la redacción final de la Ordenanza municipal reguladora de estos servicios una vez resueltas las reclamaciones presentadas e incorporadas a la misma las modificaciones derivadas de las alegaciones que han sido estimadas. Según se ha destacado en el pleno, la intención que persigue el Ayuntamiento de Torrelavega con la aprobación de esta nueva Ordenanza reguladora es mejorar la calidad de la prestación de dicho servicio público impropio, buscando atender, de la mejor forma posible y dentro del marco jurídico de aplicación, los requerimientos de los usuarios y la realidad actual del sector profesional.
En el apartado de mociones, el Pleno ha aprobado con los votos a favor de PRC, PP y Cs la moción presentada por el Grupo Municipal Popular instando medidas para luchar contra la ocupación ilegal y mejorar la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. PSOE y Torrelavega Sí se han abstenido y ACPT ha votado en contra.
La moción insta al Gobierno de la Nación a modificar los artículos 245 y 269 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal para endurecer las penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble, especialmente en el caso de mafias y a recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años.
También se pide al Gobierno incluir nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o inmueble con el objetivo de recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento. También a proceder al desalojo de la vivienda ocupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía.
La moción aprobada también insta a modificar la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal para que se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
Además, se pide incluir un nuevo apartado en la Ley para evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal definido en la Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. Así como solicitar que esta inscripción se considere nula y no constituya prueba de su residencia o domicilio ni les atribuya ningún derecho, de forma que los ayuntamientos den de baja, de oficio o a instancias del propietario, las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento de ello.
Finalmente, se pide modificar la legislación tributaria para la reducción de obligaciones contributivas de arrendadores que justifiquen la no percepción de rentas. Asimismo, acuerda dar traslado de esta moción al Presidente del Gobierno de España, a la Ministra de Justicia, a la Ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, así como a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales, y a la Junta de Gobierno de la FEMP.
También se ha aprobado otra moción del PP, con el apoyo del resto de grupos de la Corporación, excepto el PSOE, que se ha abstenido, instando al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, una moratoria en el establecimiento de Zona de Bajas Emisiones, así como la creación de una Mesa de Trabajo de la que formarán parte representantes de los grupos municipales y de diferentes entidades.
Con esta moción, el Ayuntamiento de Torrelavega se suma a la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias de solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una moratoria en el establecimiento de la Zona de bajas emisiones, que deberá establecerse hasta el momento en que de forma objetiva sea posible la implantación de este tipo de medidas.
Según el texto aprobado, el Ayuntamiento de Torrelavega trasladará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que el futuro Real Decreto que fijara las determinaciones que modelen las Zonas de Bajas Emisiones, ha de tener en consideración para establecer las medidas de restricción de acceso, parámetros como la población o la contaminación atmosférica de los municipios en cuestión.
Finalmente, se acuerda que el Ayuntamiento trasladará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que eleve al parlamento del estado la propuesta para, modificar la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en el punto que establece que «cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente».
El establecimiento de las zonas de bajas emisiones es una competencia municipal, y por tanto su modificación también ha de serlo.