El Ayuntamiento de Torrelavega ha recibido una sentencia favorable en el procedimiento judicial promovido por ocho funcionarios del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS), que cuestionaban el uso que el Consistorio ha hecho de los fondos recaudados mediante la contribución especial vinculada a dicho servicio.
En concreto, los demandantes reclamaban que el dinero recaudado entre los años 2020 y 2023 (554.452 euros), correspondientes a las cantidades percibidas de UNESPA (Aseguradoras), debía haberse destinado únicamente a inversiones del capítulo VI del presupuesto municipal, y no a otros gastos que ellos consideraban de mantenimiento. Sin embargo, la sentencia desestima íntegramente la demanda, avalando la gestión realizada por el Ayuntamiento.
Según explica el concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega, la resolución “confirma que las actuaciones del Ayuntamiento han sido ajustadas a derecho” y que “el gasto realizado en el servicio de extinción de incendios corresponde efectivamente a inversiones reales, tal como recoge la normativa”. El juez considera acreditado que los gastos se destinaron a bienes y servicios que mejoran la capacidad del servicio, alargan la vida útil de los equipos o amplían las prestaciones, por lo que no pueden considerarse como simples gastos de mantenimiento.
Además, el juzgado concluye que no se puede exigir judicialmente que se reabra la ejecución de presupuestos ya cerrados, como pretendían los demandantes. Esto refuerza la seguridad jurídica de la actuación municipal y reconoce que no hubo mala práctica ni uso indebido de los fondos.
Para el Ayuntamiento, esta sentencia reafirma el compromiso de una gestión transparente, responsable y conforme a la ley en un servicio esencial como es el de bomberos. “Seguimos trabajando con rigor para ofrecer los mejores medios al SCIS, garantizando tanto su eficacia como la correcta aplicación de los recursos públicos”, ha subrayado Pérez Noriega. Quien ha insistido que, aunque no es una sentencia definitiva y cabe recurso, es “bueno” que el juez haya dado la razón al Ayuntamiento.