La Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria han condenado a más de tres años de cárcel al responsable de gestión administrativa del proyecto de construcción del Tanatorio de Miravalles por estafar 110.000 euros a la empresa promotora del Tanatorio de Miravalles. Junto al Ministerio Fiscal y la promotora del Tanatorio, el Ayuntamiento de Torrelavega ha sido parte de la acusación, por la falsificación de documentos oficiales.
La Audiencia Provincial, a cuya sentencia ha tenido acceso HoyTorrelavega, dictó una condena de dos años y dos meses de prisión por un delito de estafa y otros siete meses por delito de falsedad en documento privado. Además, condenó al acusado a indemnizar a la empresa por los 110.000 euros estafados más intereses.
El acusado y la empresa recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. El tribunal desestimó el recurso del acusado y ratificó la condena por estafa, pero estimó parcialmente el recurso de la promotora del Tanatorio, considerando que la falsedad afectaba a un documento oficial, por lo que elevó la pena de la Audiencia Provincial, de siete meses a un año, sumando una condena total de más de tres años de cárcel.
Según las sentencias, la promotora del Tanatorio de Miravalles encargó al condenado localizar el terreno para construirlo y realizarlos trámites administrativos para ejecutar el proyecto. El acuerdo urbanístico con el Ayuntamiento conllevaba la obligación de la empresa de costear dos terceras partes de un vial que debía construirse para comunicar la zona del cementerio de Geloria y el tanatorio con el Bulevar Ronda.
Las sentencias consideran probado que el condenado hizo creer a la empresa que debía abonar de forma inmediata la parte que le correspondía para la construcción del vial, 110.000 euros, y cobró los cheques, quedándose con el dinero. Para justificar la operación ante la empresa, según los tribunales, presentó una carta de pago supuestamente emitida por el Ayuntamiento.
Cuando el Consistorio reclamó a la empresa el dinero del vial y ésta presentó el documento que acreditaba que ya lo había hecho, se descubrió que era una supuesta fotocopia de una carta de pago con sello del Ayuntamiento. Al descubrirse los hechos, tanto la empresa como el Ayuntamiento acudieron a los tribunales, por estafa la primera y por falsificación de documento oficial el Consistorio, a los que se sumó el Ministerio Fiscal.
La sentencia no es firme, y según las fuentes municipales consultadas, ha sido elevada al Tribunal Supremo, estando a la espera de su fallo.