Los trabajadores del Centro de Atención a la Discapacidad (CAD) de Sierrallana temen que la decisión del ICASS de trasladar a 24 residentes a una fundación privada de Torrelavega, con la «excusa» de una plaga de termitas, sea, «como en otras ocasiones», el inicio de la «privatización encubierta» del centro. La plantilla se ha concentrado hoy a la entrada del CAD para mostrar al Gobierno de Cantabria y a la vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales, Eva Díaz Tezanos, su total rechazo a la medida, que duraría unos dos años.
A trabajadores y sindicatos no les encajan las piezas. Se argumenta la necesidad de trasladar parte de los 98 residentes actuales para desinfectar el CAD, pero el tratamiento, dicen, es «inocuo» y en otros centros donde se aplica no se desaloja a los usuarios. Por otro lado, se anuncia una ampliación del centro, pero los sindicatos no consiguen que se les presente la documentación sobre el proyecto y la duración de las obras.
Tampoco les cuadran los plazos, porque el tratamiento de desinsectación durará entre seis meses y un año, y durante ese tiempo no se pueden hacer obras de ningún tipo porque diseminarían la plaga de termitas por el resto del edificio.
Además, advierten que hay informes contradictorios del propio ICASS sobre si la edificabilidad está o no agotada y al final será el dictamen de los técnicos del Ayuntamiento de Torrelavega el que determine si la ampliación es posible.
Por último, denuncian que, aunque Díaz Tezanos insiste en asegurar que el traslado es temporal y no afectará a la plantilla, formada ahora por 180 trabajadores, hay un documento oficial del Gobierno de Cantabria que recoge que no se van a cubrir más vacantes ni ningún tipo de plaza y se ofertará al personal la posibilidad de salir a otros centros a realizar tareas.
«Es difícil mantener que con 24 residentes menos, que por sus características necesitan atención 24 horas diarias, se va a mantener la misma plantilla», apunta el presidente del comité de empresa del Gobierno de Cantabria, Carmelo Renero.
«Nuestro temor es que, como en otras ocasiones, con una excusa se empiece a sacar residente de aquí y, al final, se convierta en una privatización encubierta del CAD de Sierrallana», por eso «nos oponemos radicalmente» al traslado de residentes», señala Renero.
El comité considera que la plaga de termitas es «una excusa» para sacar usuarios del CAD. Del mismo modo, aunque el Gobierno «está dando a entender que el comité está en contra de la obra de ampliación, nada más lejos de la realidad», lo que los representantes sindicales están pidiendo desde el principio es «la documentación», aclaran
Una documentación que el Gobierno da «con cuentagotas». En la Mesa Sectorial de Diálogo Social Díaz Tezanos presentaba ayer un documento sobre el inicio del expediente de la «hipotética obra», sin embargo, incide Renero, quedaría la redacción del anteproyecto, su adjudicación, la redacción del proyecto y la adjudicación. «Los trámites son los que son», recalca.