Los concejales de la Corporación de Torrelavega tendrán en cada pleno un máximo de 12 minutos cada uno en el capítulo de ruegos y preguntas para plantear todas aquellas cuestiones que consideren. El pleno celebrado hoy ha sido el primero en el que se ha aplicado esa norma, decidida en la Junta de Portavoces con el acuerdo de todos los grupos municipales, a excepción de ACPT.
El objetivo de esta medida es mejorar el apartado de Ruegos y Preguntas y evitar que se prolongue en exceso, tal y como venía ocurriendo hasta ahora, especialmente en esta legislatura, en la que hay seis grupos políticos, cuatro de ellos en la oposición. A este cambio se sumará próximamente un mejor y más rigurosos control de los tiempos de las intervenciones, con la instalación del nuevo sistema de grabación, vídeoactas y megafonía que está en proceso de licitación. La limitación de los tiempos persigue evitar que las sesiones plenarias independientemente del número de puntos en el orden del día o de la enjundia de los temas, acaben siendo sesiones maratonianas.
En cuanto al pleno ordinario de febrero, se aprobó con los votos a favor de PRC, PSOE, PP y Torrelavega Sí y en contra de Ciudadanos y ACPT, el convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega para la prestación del servicio de extinción de incendios y salvamento por importe de 450.000 euros y una vigencia de 4 años con la posibilidad de una prórroga por cuatro años más.
En el área de Deportes, se ha autorizó por unanimidad la suscripción de un convenio de colaboración con la Consejería de Educación para que el Ayuntamiento pueda usar las instalaciones deportivas del IES Miguel Herrero. Como contrapartida, el Ayuntamiento abonará una compensación consistente en la realización de obras o el suministro de material didáctico por un importe anual de 16.000 euros. Asimismo, también con la Consejería de Educación se ha dado luz verde al convenio que regula el régimen económico y el funcionamiento de la Escuela Infantil Anjana.
La Corporación también ha aprobado la modificación de la plantilla de personal funcionario y laboral para crear 1 plaza de auxiliar técnico y amortizar 1 plaza de delineante; la creación de 1 plaza de oficial matarife; 1 plaza de operario; y 2 plazas de conserje. Además, se ha autorizado la contratación excepcional laboral temporal, durante un periodo improrrogable de 2 años de 1 administrativo a jornada completa para su incorporación al programa bianual de formación-oferta-desempleados/ocupados a ejecutar como centro colaborador por la Agencia de Desarrollo Local de Torrelavega. Y también se ha autorizado, de forma excepcional, el nombramiento interino de 2 auxiliares administrativos en tanto se proceda a la provisión definitiva como funcionario de carrera de las plazas de esta categoría correspondientes a la oferta de empleo público de 2019.
El pleno ha ratificado por unanimidad el acuerdo adoptado en la Comisión de Urbanismo de realizar una tercera y última prórroga anual del contrato administrativo correspondiente al servicio de ‘Revisión del PGOU’ formalizado con el equipo Carmen Andrés y Llanos Masia SLP, hasta el 13 de enero de 2021. Igualmente se ha dado el visto bueno a las tarifas de taxi para 2020.
En cuanto a subvenciones, se aprobó por unanimidad la concesión a favor de Malabaracirco una directa de carácter excepcional por importe máximo total de 37.390 euros, para fomentar la ocupación del tiempo libre, juventud y cultura, mediante el desarrollo en Torrelavega, durante los años 2019 y 2020, del proyecto denominado Escuela de Circo y Teatro Físico que tiene un presupuesto de 51.225 euros.
También se aprobaron sendas subvenciones directas de carácter excepcional de 10.000 euros para Maravillabox Promotions SL para la organización de una velada de boxeo para la disputa del título europeo EBU; y de 3.800 euros a la Cámara de Comercio de Torrelavega para el Concurso de Escaparates 2019.
En el apartado de mociones se aprobó con los votos a favor de PRC, PP, Torrelavega Sí y Ciudadanos, y el voto en contra de PSOE y ACPT, la presentada por el Grupo Regionalista instando al Gobierno de la Nación a que cualquier proceso de diálogo, negociación, o acuerdo, en relación con la distribución territorial y competencial del poder en el Estado Español, tenga como marco y como límite los contenidos recogidos en la Constitución.