Las quejas vecinales han marcado el primer pleno del año en Torrelavega. Una sesión ordinaria a la que han asistido vecinos de la zona de vinos y afectados por okupaciones, tanto en la ciudad como pertenecientes a una plataforma nacional cercana a Voxl. Al término del pleno un representante de los vecinos de San José-zona de vinos que, siguiendo al reglamento habían solicitado su intervención ante la Corporación, ha tomado la palabra. El alcalde también ha permitido intervenir a los que protestaban por las okupaciones, aunque en este caso no han sido los afectados torrelaveguenses los que han hablado, sino que han delegado en una representante de la plataforma ‘mibarrioseguro’, que se vincula a Vox.
El portavoz de los vecinos de la zona de vinos ha explicado los problemas de ruido que padecen quienes residen en esa zona y han reclamado medidas, especialmente contra aquellos establecimientos cuyos horarios «impiden el descanso». El alcalde, Javier López Estrada, ha detallado algunas de las medidas que se están tomando, como la reducción del horario de los locales, la colocación de sonómetros o la apertura de expedientes sancionadores a los establecimientos que incumplen la normativa.
En cuanto a las personas que mostraban carteles y pancartas en contra de la okupación, aunque no habían solicitado su intervención en el pleno, al término de la sesión se les ha concedido la palabra, que la representante de la asociación vinculada a Vox ‘mibarrioseguro’ ha advertido que mañana podrían ser víctimas de las okupaciones «cualquiera de nosotros» y ha finalizado llamando a luchar «contra el orden público».
En el pleno también se ha debatido la moción presentada por el Grupo Municipal Popular, instando al alcalde a relevar a la concejal de Servicios Sociales, Laura Romano, y nombrar a otro edil delegado en dicha materia. La moción ha recibido el voto en contra de PRC y PSOE y a favor de PP, ACPT y TS, y la abstención de Cs.
La proponente de la moción, la portavoz popular Marta Fernández Teijeiro, ha reprochado a la responsable de Servicios Sociales no ser capaz de resolver los problemas de ese departamento. La concejal de TS ha dicho que Servicios Sociales tiene un grave problema interno que la oposición lleva denunciando desde hace tiempo en comisiones y plenos; el edil de Cs ha compartido esa opinión y ha dicho que las únicas mejoras que se han implementado en ese área han sido a instancias de la oposición, y el portavoz de ACPT ha insistido en que el problema de Servicios Sociales «viene de lejos», pero la actual concejal «no ha sido capaz de resolverlo», subrayando la sensibilidad del servicio porque «estamos hablando de personas».
Desde el equipo de Gobierno, el portavoz del PSOE ha defendido la gestión de su compañera y ha acusado a la oposición de tomarla como «cabeza de turco», mientras que el portavoz del Grupo Regionalista ha subrayado la «complejidad» del funcionamiento de Servicios Sociales y ha rechazado «entrar en campaña».
En el orden del dia, en el área de Hacienda y Patrimonio se ha aprobado la expropiación de cinco parcelas del sistema general en la confluencia de los ríos Saja y Besaya, cuyos propietarios han presentado una demanda judicial contra el Ayuntamiento para que se cumpla lo previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de 1985. El punto ha sido aprobado con los votos a favor de PRC y PSOE y en contra de PP, ACPT, Cs y TS.
Los grupos de la oposición han expresado sus dudas sobre qué uso se puede dar a esas parcelas, con diferentes afecciones por su cercanía a los ríos y a la vías ferroviarias, y han abogado por acudir a los tribunales y dejar que sean los jueces los que decidan si la ley respalda a los propietarios que han demandado la expropiación.
El portavoz del PRC, Pedro Pérez Noriega, ha recordado que «ninguno de los concejales del equipo de gobierno estaban en 1985», cuando se aprobó el PGOU que determina que las fincas objeto del debate se consideraron sistema general y a sus propietarios les avala la ley, aunque al Ayuntamiento no le interesan esas fincas por sus muchos concionantes. «Los derechos de los ciudadanos están por encima de los derechos del Ayuntamiento», y la demanda de los propietarios «es la que nos obliga» a tomar la mejor de las decisiones que podemos, ha indicado el portavoz regionalista.
También el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Luis Urraca, ha señalado que los informes de los técnicos y del secretario municipal avalan la necesidad de cumplir lo dispuesto por el Plan General de Ordenación Urbana vigente, que data de 1985, y se trata de un caso contemplado en la Ley del Suelo.
El pleno ha aprobado por unanimidad la revisión de precios solitada por la empresa Telnor, relativa al contrato de prestación de servicios electro-industriales en instalaciones municipales. Los miembros de la Corporación han aprobado por unanimidad la desestimación del recurso de reposición formulado por la empresa Azvase contra el acuerdo tomado por el pleno en octubre para desestimar la revisión de precios del contrato del servicio de ayuda a domicilio. También por unanimidad se aprobó la solicitud de subvención directa de carácter excepcional presentada por la Asociación ACYSAM para el desarrollo en 2022 de un proyecto social para los alumnos del Colegio de Educación Especial Fernando Arce. Además, se ha aprobado una subvención para la celebración de una ‘Jornada de Movilidad Sostenible en Cantabria’.
En el capítulo de mociones, el pleno ha aprobado la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para solicitar al Gobierno de España la no revisión del delito de sedición, que su portavoz, Marta Fernández Teijeiro, ha modificado en la sesión para dejar la parte resolutiva en «mostrar el rechazo de la Corporación» a la revisión del delito de la sedición. La moción ha recibido el apoyo de PRC, Cs y TS, y en contra de PSOE y ACPT.
La concejal de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante, ha valorado que es una moción extemporánea, ya que la revisión está aprobada. El concejal de Ciudadanos, Julio Ricciardiello, también ha valorado que debiera haberse retirado una moción que llega a «hechos consumados». Desde ACPT, Alejandro Pérez, ha acusado al PP de orquestar a nivel nacional una campaña de «falsedades», confundiendo los delitos de sedición y rebelión y queriendo hacer en Torrelavega «política nacional». El portavoz del PSOE, José Luis Urraca, ha reprochado al PP que quiera «revertir» una decisión tomada en el «seno de la soberanía» democrática, «que son las Cortes». En cuanto al portavoz del Grupo Regionalista, Pedro Pérez Noriega, ha coincidido en que la moción es «extemporánea» porque está aprobada ya la parte resolutiva pero ha matizado que el PRC ya ha dejado «claro su voto» en contra de eliminar el delito de sedición.