La sentencia sobre la reclamación de Terrenos de Adarzo contra el Ayuntamiento de Torrelavega por el convenio de La Carmencita rebaja las pretensiones económicas de la promotora, que reclamaba una compensación por no poder ejecutar los aprovechamientos urbanísticos que percibió a cambios de sendas parcelas en esa finca, debido a que no se desarrolló el plan parcial de Coteríos donde se contemplaban.
La promotora pedía al Ayuntamiento casi 4 millones de euros, en los que valoraba las fincas, más los intereses devengados desde que se firmó el convenio en 2003, lo que totalizaba la indemnización que reclamaba Terrenos de Adarzo a unos 5,5 millones de euros.
Según ha sabido HoyTorrelavega, la sentencia estima que el Ayuntamiento solo debe pagar los intereses desde 2013, cuando se cumplieron los diez años estipulados para el desarrollo del plan parcial donde estaban los aprovechamientos. Esto supone que el Consistorio torrelaveguense se ahorraría al menos más de un millón de euros.
Ahora, los técnicos deben determinar si el Ayuntamiento tendrá que pagar los 4 millones que reclama el constructor y quedarse con los aprovechamientos urbanísticos o tendrá que abonar a la promotora de Luis del Río Diestro la diferencia entre esa cifra y la valoración de los aprovechamientos. Al parecer la representación legal municipal ha expresado algunas dudas sobre el alcance concreto de ciertos términos de la sentencia, que ahora hay que determinar.
La inmobiliaria Terrenos de Adarzo inició el año pasado un proceso judicial para reclamar al Ayuntamiento de Torrelavega unos 4,5 millones de euros, por incumplimiento del convenio urbanístico de La Carmencita, firmado en 2003.
El Ayuntamiento aprobó hace doce años en pleno un convenio de permuta para adquirir dos solares en la finca de La Carmencita propiedad de Terrenos de Adarzo, a cambio del aumento del aprovechamiento urbanístico en unos terrenos en Coteríos. Según demanda la inmobiliaria, dicho suelo no se pudo construir por la falta de desarrollo durante diez años del plan parcial de la zona, y en el convenio una clausula preveía la posibilidad de recibir una compensación económica si esta unidad urbanística no se llegaba a desarrollar.
Esa clausula es una de las esgrimidas por la formación ACPT pare denunciar al entonces alcalde, el regionalista Javier López Marcano, y al propietario de la inmobiliaria, Luis del Río, por una presunta manipulación del convenio, modificando el texto entre lo aprobado por el Pleno y lo presentado en Notaría. Los jueces determinaron que el delito del que se acusaba a uno de los imputados, López Marcano, había prescrito y no presentaba indicios, valoración esta que también han hecho con la acusación a Luis del Río.