El viernes 5 de abril se celebrará una comisión extraordinaria de Medio Ambiente para debatir, como único punto del día, la creación de una Ordenanza Municipal que regule la instalación de transformadores eléctricos en Torrelavega y prohíba su ubicación en edificios de viviendas.
El concejal del área, Pedro Carrera, ha atendido así la reiterada petición de la oposición y de los colectivos vecinales afectados por los centros de transformación, especialmente de los residentes en Lasaga Larreta que sufren una instalación eléctrica de Eon y los de Barreda, que se oponen a la puesta en marcha de dos subestaciones cerca de sus casas.
Asamblea Ciudadana por Torrelavega ha presentado un borrador para la futura ordenanza y solicitó una comisión extraordinaria, con la presencia de técnicos municipales y los vecinos afectados, para que estos puedan ser escuchados y aporten su experiencia personal sobre la convivencia con un transformador. El pasado 22 de febrero, Carrera negó la asistencia de los vecinos, que querían participar con voz pero sin voto –posibilidad contemplada en el reglamento municipal- y respondió con un «portazo» cuando estos le pidieron explicaciones.
La regulación de los transformadores fue presentada a Pleno a través de una moción por ACPT, aunque el debate fue derivado a la comisión de medio ambiente. La portavoz de este grupo, Esther García, volvió a plantear la cuestión en la última sesión plenaria, recordado además que su moción también solicitaba, como medida cautelar, la orden a Eon de retirar el transformador de Lasaga Larreta, algo que no se ha cumplido.
Hace unos días se presentaba en Torrelavega la Plataforma de Afectados por Eon, que entre otros, agrupa a los residentes en el número 33 de la calle Lasaga Larreta, que lleva varios años reclamando que la eléctrica retire un transformador instalado en los bajos de su edificio. También están en la plataforma el colectivo de vecinos de Barreda que se opone a la puesta en marcha en las inmediaciones de sus viviendas de dos subestaciones eléctricas y que han presentado más de 200 alegaciones contra el proyecto.