Los grupos municipales del PP y de Torrelavega Sí han mostrado su rechazo a la propuesta de ordenanzas fiscales para 2025 presentada por el equipo de gobierno PRC-PSOE.
El PP ha lamentado que todavía no conocen la «letra pequeña» de lo que califican de nuevo «hachazo fiscal del PRC-PSOE» en el que sube un 5% todas las tasas e IBI., «porque, lamentablemente, aún no tenemos el documento que regionalistas y socialistas sí han presentado a los medios de comunicación».
Según los populares, los tributos municipales han ido subiendo de manera continua durante la pasada legislatura y de manera especial el pasado año, momento en el que se subieron todas las tasas e impuestos así como el recibo del agua, «tal y como ya se ha dejado notar en el bolsillo de los vecinos de Torrelavega durante este año».
Para su portavoz, Miguel Ángel Vargas, «es sangrante que los torrelaveguenses vayan a pagar un 70% más de IBI que los santanderinos cuando no se ha notado ninguna mejoría de los servicios públicos sino todo lo contrario: más precariedad y más abandono em las instalaciones y en las calles».
En este sentido, ha explicado que una vivienda de valor catastral de 100.000 euros paga en Santander 400 euros de IBI, mientras que en Torrelavega ahora se va a pagar 671 euros. «Por mucho que PRC-PSOE fraccionen el recibo en dos veces para disimular, el bolsillo de nuestros vecinos va a seguir notando cada una de las subidas que aprueban para poder tener cada vez más asesores en el Ayuntamiento».
Además, ha recordado que este verano el alcalde, Javier López Estrada, llevó a pleno un incremento de sueldos del equipo de gobierno que junto con el sueldo de los tres nuevos asesores, contratados el año pasado, suman casi 700.000 euros anuales, » y que ahora buscan recaudar con la nueva subida de impuestos municipales».
En cuanto a otros impuestos, como el ICIO o la plusvalía, recriminan que digan que se mantienen congelados, porque «sería ilegal subirlo más porque están en el tope máximo que permite la ley».
Desde el PP instan a Javier López Estrada a que replantee los gastos superfluos que tiene el Ayuntamiento y a cambiar la política económica de gasto desmedido que hace que suba los impuestos constantemente, además de endeudar las cuentas recurriendo a líneas de crédito para afrontar los gastos, «y más después de que hace pocos años el ahorro municipal fuera cercano a los 20 millones de euros».
Por último, Vargas ha asegurado que «además de endeudar a los torrelaveguenses y asfixiarnos a impuestos, el PRC y PSOE no mejoran la prestación de servicios públicos que ofrecen a los vecinos que, lamentablemente, cada vez son más precarios: menos personal, falta de limpieza de calles, barrios abandonados, instalaciones municipales sin mantenimiento y plantillas de personal mermadas, entre otros».
También Torrelavega Sí ha mostrado su rechazo y ha anunciado que no aprobará el documento de tasas para el ejercicio de 2025 tal y como lo ha presentado el equipo de gobierno. Este grupo municipal considera que las razones que se esgrimen desde la coalición PRC-PSOE como argumento para una subida del IBI del 4, 8 %, «y que no son sino la financiación de las grandes inversiones y el incremento de la inflación, no son en absoluto una justificación válida», toda vez que las grandes actuaciones en la ciudad, gran parte de ellas sin comenzar o retrasadas en sus plazos de ejecución, se costean mediante créditos a medio o largo plazo donde poco tiene que ver la presión fiscal municipal.
Por otra parte, la inflación, la otra justificación aportada, según TS estará situada en este ejercicio por debajo del 2% (1,5% en el presente mes), menos de la mitad que en años anteriores y muy alejada de la del 2 022, que se acercó al 6 %. «Otros ayuntamientos de nuestro entorno han sabido valorar este buen comportamiento del IPC para congelar la presión fiscal sobre sus vecinos», han dicho.
Por lo tanto, Torrelavega Sí considera que, por su parte, no puede dar luz verde a un incremento de las tasas cuando se desconocen cual es el destino final de esta mayor recaudación. Este partido sospecha que la incapacidad para redactar un modelo de gestión de algunas infraestructuras municipales, como los aparcamientos en altura, pudieran estar detrás de este extemporáneo afán recaudatorio.
Además, insiste en que la fiscalidad progresiva y la justicia social han de ser el criterio que debe de definir el documento de tasas, teniendo como referente el Salario Mínimo Interprofesional, lo que beneficia a más vecinos, y permitiendo a las economías más frágiles el acceso a los servicios considerados básicos, agua o saneamiento, así como a otros igualmente importantes, como, por ejemplo, un fácil acceso a la educación deportiva para los menores.
A su juicio, las tasas solo serán justas si el ciudadano recibe de la Administración los servicios de calidad por los que pagan y «buscar el recurso fácil de incrementar el IBI para que, quizá, ciudadanos que ni tan siquiera tienen vehículo paguen por la plaza de aparcamiento de otros no es, precisamente, un modelo de justicia».