Actualmente las ayudas sociales al pago de la vivienda contemplan el alquiler pero no las hipotecas, una realidad para buena parte de las familias. La Concejalía de Bienestar Social quiere modificar este año la Ordenanza reguladora de Ayudas Sociales de Torrelavega para adaptarla a la nueva realidad tras la crisis y llegar a familias que lo necesitan pero que ahora se quedan fuera por unos criterios excesivamente restrictivos, que, entre otras cosas, no prevén situaciones como el pago de la hipoteca.
La nueva realidad es que muchas familias, que cuando contrataron hace algunos años una hipoteca tenían una situación económica que les permitía hacerla frente sin problemas, se han visto afectados por la crisis, el desempleo o los trabajos precarios, y se encuentran con que no pueden acceder a las ayudas al pago de vivienda, porque solo se prevén para el pago de alquiler, y corren el riesgo de perder su casa.
«Hay familias empobrecidas porque uno de los miembros de la pareja, o los dos, han perdido el empleo, y no existe ninguna ayuda al pago de la hipoteca, cuando sí las hay al alquiler», y eso es lo que se quiere cambiar con la modificación de la ordenanza municipal, ha señalado a HoyTorrelavega la concejal de Bienestar Social, Patricia Portilla.
Unas ayudas al pago de la hipoteca «fijando topes» y valorando las «circunstancias» del solicitante -las actuales y cuando se contrató-, ha explicado Portilla. «Muchos ciudadanos no tenemos una hipoteca con ánimo especulativo, sino porque no había muchas más opciones», subraya la concejal.
Del mismo modo, entiende que habría que revisar los valores catastrales máximos de la vivienda que fija la Ordenanza para hacer a las ayudas sociales. Unos topes catastrales que no atienden a «criterios realistas» a juicio de Portilla. «Una familia quizá compró un chalé adosado, por ejemplo en Tanos, hace diez años porque trabajaban ambos miembros de la pareja, y ahora que se han quedado en paro no los podemos culpabilizar por haberse comprado un chalé», valora la concejal.
Tanto la inclusión de las hipoteca como la revisión de los valores catastrales en los criterios de acceso son cuestiones que «están en pañales», reconoce, pero la intención es que sean parte de los puntos que se van a modificar en la Ordenanza Municipal reguladora de las ayudas sociales.
Como adelantó HoyTorrelavega el pasado mes de octubre, el equipo de Gobierno de Torrelavega quiere adaptar la Ordenanza de ayuda a la nueva realidad social tras la crisis. Aunque la normativa es reciente, de enero de 2015, sus contenidos «nos impiden llegar a muchas familias que reúnen todos los requisitos para recibir ayudas» pero que no cumplen los criterios que establece la Ordenanza. Esto da lugar a la paradoja de que ‘sobre’ dinero de las partidas consignadas para ayudas sociales y se queden fuera de las ayudas familias y personas que lo necesitan por una ordenanza «muy restrictiva».
Portilla ha recordado que la crisis ha dejado una nueva realidad social, tanto de familias que hace unos años tenían una situación económica normalizada y ahora el desempleo les obliga a recurrir a Servicios Sociales, o los de denominados ‘trabajadores pobres’, personas que tienen empleo pero su precariedad no les reporta recursos suficientes para hacer frente a necesidades básicas.
«Queremos que en 2017 la ordenanza esté modificada, sí o sí, por lo menos en los criterios económicos», ha dicho la edil. Servicios Sociales está realizando una memoria de 2016, en la que se recogerán las ayudas tramitadas y su cuantía. También se utilizarán los datos de tramitación de las ayudas del Plan de Emergencia Social del gobierno de Cantabria, cuyos criterios son menos restrictivos, para testar cuantos nuevos beneficiarios podrían acogerse si se modifican al alza los requisitos económicos del Ayuntamiento de Torrelavega.
La diferencia de baremos entre la convocatoria regional y las ayudas municipales es notable. El baremo para ayudar a las ayudas municipales establece un máximo de ingresos de la unidad familiar en torno a los 660 euros, mientras que en el pago de suministros convocado por el Gobierno de Cantabria esa cuantía es la que aproximadamente se fija para viviendas con una única persona.
«Si hablamos de necesidad o riesgo de exclusión social, una familia que gane 800 euros, con dos hijos y una hipoteca o un alquiler, se encuentra con servicios muy importantes a los que no puede acceder», reitera la concejal. «Es evidente que en la situación económica actual muchas familias a las que no estamos llegando con la ordenanza pueden estar en riesgo de exclusión social o no tienen suficientes recursos para acceder a servicios básicos o que consideramos imprescindibles», insiste.