ACPT considera «muy grave» la decisión de la Consejería de Industria de emitir un informe favorable a la legalización de las naves de la empresa Paruvi, propiedad del concejal de Torrelavega Sí Rufino Sasián, en base a un «supuesto interés social» por el mantenimiento del empleo. Además, acusan al equipo de gobierno de ser responsables de esa «ilegalidad» para conseguir en la aprobación del nuevo Plan General el apoyo de Torrelavega Sí, la formación de Blanca Rosa Gómez Morante, cuya «única exigencia» para apoyar la revisión del PGOU fue esa legalización.
«Invertir en cortijos políticos da derecho de pernada para todo aquel que tenga buenas amistades, esté políticamente bien situado y se esté enriqueciendo utilizando como escudo su plantilla de trabajadores», un método de «chantaje» que «empieza a ser muy habitual en esta ciudad para saltarse cualquier tipo de legalidad y norma», denuncia el portavoz de ACPT, Iván Martínez.
Según dicen, la legalización de las naves de Paruvi en el barrio La Llamiega en Tanos, supondrá «consentir una ilegalidad urbanística en un terreno calificado de alto valor agrológico» y que en la revisión del PGOU pasarían a ser «suelo rústico de especial protección, es decir, intocable», recalca Martínez.
A su juicio, el consejero Francisco Martín, ha dejado patente «que le importa muy poco Torrelavega y que promueve que nuestras mejores tierras y mieses sean destruidas y hormigonadas», en referencia también al polígono de Las Excavadas.
Martínez también ha señalado la «responsabilidad» de Corporación, recordando que la CROTU, ante la petición de legalización que había hecho «este empresario que ahora juega a político», respondió que la decisión debía tomarla el Ayuntamiento. «Sin embargo, en lugar de mojarse y velar por los principios urbanísticos del Plan General, le pasó la patata caliente a la Consejería de Industria», ha reprochado.
«Hace unos meses ACPT ya denunció que el equipo de gobierno estaba buscando la legalización» de las naves de Paruvi, y además que fuese concedida por el Gobierno de Cantabria «para no tener que mojarse» y poder calificar ese suelo como industrial en el futuro PGOU.
El motivo, ha afirmado Iván Martínez, es «satisfacer la única exigencia que Blanca Rosa Gómez Morante ha puesto para dar su apoyo a la revisión del nuevo PGOU». Por desgracia, ha dicho, «una decisión como esta viene a demostrar que cuando uno invierte en un partido político, como es el caso de Rufino Sasián y del partido de Gómez Morante, Torrelavega Sí, obtiene sus beneficios».
Unas naves «construidas ilegalmente, en suelo rústico, denunciadas por activa y por pasiva, con órdenes de derribo que no se han ejecutado y que todo el mundo sabía de su situación», que ha sido «consentida», ha subrayado, por «Ildefonso Calderón, Lidia Ruiz Salmón, Gómez Morante y Cruz Viadero». Finalmente, ha lamentado, todo apunta a que van a ser legalizadas y este empresario se saldrá con la suya, por encima de cualquier tipo de normativa», poniendo «dinero por delante, quizá no solo en Torrelavega».