La Junta Electoral Provincial de Cantabria ha ordenado a la Junta Electoral de Zona de Torrelavega la apertura de un expediente sancionador para determinar las circunstancias concretas en que se produjo el acto de presentación del Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega el pasado día 25 de marzo.
Esto es fruto de la denuncia interpuesta por ACPT al entender que el acto de presentación organizado por el equipo de gobierno PSOE-PRC «respondía a intereses puramente electoralista». La denuncia fue rechazada en primer término por la Junta Electoral de Torrelavega, pero este mismo viernes la Junta Electoral Provincial revocaba esa decisión.
En el Oficio de Acuerdo de la Junta Provincial señala que «la presencia en un acto como el de presentación de un PGOU del alcalde, del teniente de alcalde, del concejal de Urbanismo y de otros concejales de la Corporación, en el que la presencia de ninguno de ellos parece obligada, puede comprometer el principio de igualdad entre los actores electorales, y revelar un empleo no neutral de los medios públicos».
Para ACPT, la decisión de la Junta Electoral de Cantabria «reafirma y demuestra que la aprobación del PGOU respondía únicamente a intereses electoralistas y partidistas». Por ello, exige «que se paralice de inmediato el proceso de alegaciones e información pública del Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega hasta que haya finalizado el periodo electoral». Proponen que se amplíe el plazo posteriormente, tal y como pidieron en el pleno extraordinario en el que se aprobó inicialmente el PGOU (con el voto en contra de ACPT), hasta finales del mes de julio. «De esta forma se nos permitirá a todos debatir de una manera seria sobre algo tan importante y decisivo para el futuro de nuestra ciudad como es un plan general», han valorado.
Esta formación considera que «tanto el PSOE como el PRC están utilizando el Ayuntamiento de Torrelavega, y los fondos económicos de todas y todos sus vecinos, para interés propio, utilizando sus cargos políticos para ello». Por eso, advierten que permanecerán «vigilantes» y denunciarán todo tipo de acto que entiendan se esté financiando con dinero público por parte de PSOE y PRC «para tratar de arañar votos antes de la campaña electoral».