Los datos de la Memoria 2020 del departamento de Servicios Sociales de Torrelavega son «vergonzantes», asegura ACPT, que considera que la gestión de la concejal de éste área, Laura Romano, «empuja al abismo en plena pandemia» a este departamento. Ante el «silencio interesado» de Romano, y la «complicidad» del alcalde, Javier López Estrada, la formación ha querido hacer públicos los datos «preocupantes y demoledores» del pasado año, que consideran que vienen a «corroborar» lo que vienen denunciando desde hace tiempo: la «alarmante desconexión que se está produciendo entre los Servicios Sociales y la población».
Así, explican que durante 2020 se han solicitado 326 ayudas menos del fondo extraordinario de suministros básicos con respecto al año anterior, lo que supone un 40% menos. «El primer año que se abrió esta convocatoria, 2017, se presentaron en torno a 1.000 solicitudes; este año ni siquiera han llegado a 500», subraya ACPT. Esta ayuda, que recuerdan tiene como ejes el refuerzo de ayudas económicas para alimentación, calzado, vestido, pago de alquileres, pago de recibos de suministros, adquisición de electrodomésticos como neveras y lavadoras o mobiliario como colchones, «le ha sido denegada a una de cada cuatro familias que la solicitó». Para esta formación, «quizá tenga mucho que ver en el rechazo a solicitar esta ayuda que las familias que subsisten con una Renta Social Básica o un Ingreso Mínimo Vital se les deniegue la ayuda de alimentos».
Tampoco consideran lógico que solo se hayan tramitado 40 ayudas de alquiler o 5 ayudas de primera mensualidad y fianza de alquiler. Para ACPT, este dato indica que las familias en riesgo de exclusión social han quedado fuera del mercado libre de alquiler «debido a las condiciones desmedidas que se exigen a la hora de alquilar», un problema que «no se está queriendo abordar desde el área de Bienestar Social y que cada día se agudiza más en nuestra ciudad».
Del mismo modo, valora el portavoz de la formación, Iván Martínez, otras ayudas como las de medicamentos, transporte o intervención social, «directamente están fracasando al no habérsele concedido absolutamente a nadie».
Respecto al servicio de ayuda a domicilio, las bajas han sido superiores a las altas, lo que la formación atribuye al miedo de las familias a abrir sus domicilios en época de pandemia. Con el COVID también se ha evidenciado, dicen, un aumento de las solicitudes de catering social, «pese a que es un servicio que se está prestando en condiciones muy mejorables tal y como hemos denunciado en anteriores ocasiones».
ACPT asegura que es «urgente y necesario un cambio de rumbo de forma inmediata en el área de Bienestar Social». Dos años después del inicio de la legislatura, la concejal «se tiene que poner al frente del departamento y liderarlo y si no está dispuesta a coger las riendas del departamento debe irse inmediatamente para su casa».
Para la formación es «inaceptable» que, «con el visto bueno del alcalde», las familias de Torrelavega se estén «alejando» cada vez más de los Servicios Sociales «mientras desde la Concejalía se incrementa el dinero que se le da a determinados colectivos para que realicen una labor de puro asistencialismo». Labor que afirman que «pretende tratar de cubrir, a golpe de talonario -como nos tiene acostumbrados este equipo de gobierno-, los déficits de atención que no se es capaz de cubrir desde el área de Bienestar Social».