La Asociación Cultural San Amancio tendrá que devolver al Ayuntamiento de Torrelavega las subvenciones a las Fiestas del Barrio Covadonga de los años 2014 a 2017, que ascienden a unos 49.000 euros por las irregularidades detectadas en las facturas presentadas para cobrarlas.
Esta decisión es paralela al curso judicial del caso, que se encuentra en la Fiscalía de Cantabria, que tras apreciar indicios de delito pidió a los juzgados incoar diligencias para la investigación penal por presunta falsedad documental en las facturas presentadas por la asociación para cobrar las subvenciones.
El requerimiento a la Asociación Cultural San Amancio se ha dictaminado hoy en la comisión informativa de Hacienda, cuyo titular, Pedro Pérez Noriega, ha explicado que las subvenciones fueron aprobadas en unos casos en Junta de Gobierno Local y en pleno en otros.
Además del expediente administrativo abierto por el Ayuntamiento, y que tras escuchar las alegaciones presentadas por los integrantes de la Asociación San Amancio, se ha resuelto pidiendo la devolución de las subvenciones que no han prescrito. La de 2018 no fue cobrada al destapar ACPT la existencia de irregularidades en las facturas presentadas para justificar el gasto subvencionable, que han conducido a la apertura de proceso administrativo y judicial.
Fue el propio Ayuntamiento el que en octubre del año pasado denunció ante la Fiscalía de Cantabria a la Asociación Cultural San Amancio, organizadora de las fiestas del Barrio Covadonga, por las presuntas irregularidades cometidas en la presentación de facturas para justificar las subvenciones municipales, al considerar que pueden tener encaje en las conductas tipificadas como delito en el Código Penal.
En la denuncia se destacaba que la propia Asociación San Amancio, en su escrito de alegaciones al expediente abierto en el Ayuntamiento, «viene a reconocer la invalidez» de 23 facturas presentadas en los ejercicios 2014 a 2017, cuando afirman que «la asociación generaba unas facturas provisionales que luego sustituía por las reales una vez cobrada la subvención y pagados los proveedores». Sin embargo, se subraya que, es ahora, cuando ante el requerimiento del Consistorio «se presentan junto con su escrito de alegaciones otras facturas supuestamente reales
En cuanto a la Fiscalía, como adelantó HoyTorrelavega en febrero, considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de falsedad continuada en los artículos 392 y 391.1 del Código Penal, lo que podría suponer una condena de dos a tres años.
Según la Fiscalía, de 2014 a 2017 se presentaron «facturas no reales, en las que, bien no existe el acreedor, o la factura no es cierta». El NIF que acompaña a las empresas en las facturas presentadas «no consta en la base de datos de la Agencia Tributaria «, salvo en un caso, «en el que el NIF no coincide con la razón social». Además, en otra de las facturas «la empresa no existe».