Izquierda Unida ha pedido a la Corporación y al equipo de Gobierno la declaración de Torrelavega como «municipio libre de desahucios», con la aplicación de un decálogo de medidas en las que el Ayuntamiento «se posicione claramente» con las familias amenazadas por la pérdida de su vivienda debido a la crisis económica.
El coordinador regional de Izquierda Unida en Cantabria, Jorge Crespo, y el portavoz de IU en Torrelavega, Raúl Liaño, han presentado hoy esta propuesta que significaría «sobre todo un cambio en la forma de entender la política municipal», porque se trata de «gobernar con la prioridad de los que peor lo están pasando».
Aún con las limitaciones municipales en materia de vivienda, IU entiende que hay actuaciones que puede llevar a cabo el Ayuntamiento, como «exigir» a las entidades financieras que operan en Torrelavega la paralización de los desahucios y la condonación de «deudas ilegítimas» fruto de esos procesos de ejecución hipotecaria.
También, la ruptura de relaciones con los bancos que practiquen desahucios en Torrelavega e incluir en los concursos públicos la condición de que los alzamientos de viviendas sean «causa de resolución de contrato con una entidad financiera».
IU plantea que el Ayuntamiento comprometa el «inmediato realojo» en viviendas de alquiler social de aquellos casos donde no se pueda evitar el desahucio; pedir a los jueces la suspensión del lanzamiento cuando este sea por motivos económicos y afecte a la vivienda única; y revisar los protocolos de actuación de los servicios sociales, arbitrando ayudas municipales y garantizando que las personas que pierdan su vivienda «no pierdan también la custodia de sus hijos».
Además, reclama un censo, con carácter urgente, de las viviendas vacías en manos de entidades financieras, especialmente de aquellas que han sido intervenidas o han recibido alguna ayuda pública, «para luego aplicar medidas que fuercen su puesta inmediata en alquiler social asequible, desde una recarga de IBI hasta la expropiación temporal de su uso».
Otras medidas que reclaman al Ayuntamiento son la eliminación del impuesto municipal de plusvalía para aquellos que pierdan su vivienda en subasta y para quienes logren la dación en pago, así como subvencionar el pago del IBI en los procesos de ejecución hipotecaria y aumentarlo hasta el máximo legal en las viviendas vacías de los bancos.
Asimismo, proponen la colaboración de los servicios jurídicos del Ayuntamiento en todos los casos que lo requieran, no poner ni un sólo policía municipal a disposición de las órdenes de desahucio, y ofrecer a los afectados un servicio de atención psicológica.
Finalmente, IU pide el respaldo municipal a las movilizaciones ciudadanas, la financiación de campañas públicas de denuncia de entidades bancarias que no colaboren y que todos los miembros de la Corporación «participen activamente en la paralización de los desahucios», así como hacer pública la declaración de Torrelavega como «Municipio Libre de Desahucios».
Con esta propuesta, Izquierda Unida quiere que el Ayuntamiento «ponga todas las herramientas a su disposición para que ningún ciudadano de Torrelavega se quede sin techo por no poder pagar la hipoteca o el alquiler de su vivienda habitual por insolvencia sobrevenida como consecuencia de la crisis económica».
Del mismo modo, los responsables de IU en Cantabria y Torrelavega han apuntado que con esta batería de medidas se busca por un lado «que todas las personas den el paso de poner en conocimiento de la administración local su situación, perdiendo el miedo y el sentimiento de culpabilidad, vergüenza o fracaso que muchas veces acompaña a las víctimas de esta lacra».
Por otro lado, creen que «contar con el apoyo legal, físico, moral y psicológico firme de toda la Corporación» ayudará a los afectados a darse cuenta de que son «víctimas» y le «dará fuerzas a tomar las medidas oportunas con el asesoramiento de los profesionales que el Ayuntamiento».
Crespo y Liaño han recordado que el equipo de Gobierno del PP creó una oficina de mediación hipotecaria «pionera en España y que fue una buena medida para solucionar los casos más favorables», pero es «insuficiente». Respecto a los actuales responsables municipales, han criticado que se hayan «limitado» a «declaraciones de intenciones», como el censo de viviendas del «banco malo» o «decir que tienen intención de no reclamar las plusvalías».