El Grupo IU-Podemos reclama una reforma de la Ordenanza de bonificaciones en la tasa de agua del Ayuntamiento de Torrelavega para garantizar el acceso real a un derecho básico. Según denuncian, el actual sistema de bonificaciones resulta claramente insuficiente y excluyente, dejando fuera a numerosas familias que atraviesan dificultades económicas reales.
Este grupo considera especialmente grave que los umbrales de renta establecidos para acceder a las ayudas sean tan restrictivos que, en la práctica, convierten las bonificaciones en un mecanismo testimonial. “Se ha diseñado un sistema que solo contempla situaciones de pobreza extrema, ignorando la realidad de miles de hogares que, aun trabajando, no llegan a fin de mes”, ha señalado el concejal de IU-Podemos, Borja Peláez.
A su juicio, “es una vergüenza que se planteen como bonificaciones unos límites que dejan fuera a la mayoría trabajadora. Una familia de cuatro miembros con ingresos del 125% del SMI no es una familia desahogada: está al límite, haciendo malabares para pagar alquiler, luz, comida y suministros básicos”.
Desde IU-Podemos recuerdan que el agua no es un lujo ni un servicio accesorio, sino un bien esencial y un derecho básico y señalan que, en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda, la subida de los alimentos y el incremento generalizado de los suministros, la presión económica sobre los hogares se ha intensificado de forma evidente. “El esquema planteado por el equipo de gobierno PRC-PSOE no refleja el coste real de la vida en 2026 ni el esfuerzo que supone sostener un hogar en Torrelavega”, advierte el concejal.
La formación considera que las bonificaciones deben diseñarse bajo criterios de justicia social efectiva, no como un gesto político limitado a quienes se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad. “No se puede gobernar pensando que solo quien está en la pobreza severa merece ayuda. Hay pensionistas, familias monoparentales y trabajadores con salarios modestos que también necesitan alivio en los recibos básicos”, ha añadido Peláez.
Por eso, propone una reforma integral de la ordenanza que incluya la ampliación significativa de los tramos de acceso a las bonificaciones, el incremento de los porcentajes de reducción en función de la renta y composición familiar, la actualización de los umbrales económicos para adaptarlos al coste real de la vida y la implantación de un sistema progresivo y en la medida de lo posible automático, que reduzca la burocracia y evite que las ayudas queden bloqueadas por trámites innecesarios.